11 julio 2018
España
Nota de Prensa
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Reflexiones del estudio de la industria de club de convergentes, sobre la coordinación de normativas autonómicas y aligeramiento de los trámites administrativos

(España).- El estudio de la Industria que presentamos el pasado 14 de junio arrojaba varios datos, uno de ellos bastante llamativo: los fabricantes de máquinas y sistemas de juego nos hemos gastado en 2016 alrededor de 7.300.000 euros en homologaciones de nuestros productos, ante las diecisiete Autonomías con competencias en materia de juego.

¿Qué se incluye en esta cifra? Personal interno dedicado a estas labores, ensayos de laboratorio, tasas administrativas… todos y cada uno de los numerosos elementos intervinientes en estos procesos de homologación.

¿Cuál es el motivo de tan elevado coste? Fundamentalmente, la disparidad normativa y lo prolijo de los trámites administrativos existentes, que podría ser reconducible mediante una coordinación de reglamentos entre jurisdicciones autonómicas, y un aligeramiento de los trámites, que favoreciese la racionalización de este gasto.

Como soluciones hemos planteado varias, pero interesa destacar dos de ellas:

La primera consiste en propiciar la convalidación de homologaciones entre territorios autonómicos. Y en el sentido de lo planteado por el Tribunal Constitucional, en relación con la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, podría ser convalidable aquello que en lo esencial fuese coincidente. Por eso, a principios de este año, desde CLUB DE CONVERGENTES hemos presentado a todas las Autonomías y a la Dirección General de Ordenación del Juego lo que hemos llamado el “ESTÁNDAR EQUIVALENTE”, que es nuestra visión de lo que son las características básicas de las máquinas, distinguiéndolas de otras accesorias recogidas en los reglamentos.

La segunda solución pasa por potenciar el uso de declaraciones responsables en aquellos trámites menores, o ante situaciones que requieren una intervención urgente, y todo ello sin menoscabar las garantías de certificación con las que tienen que contar las Administraciones competentes, que pueden producirse a posteriori.

El objetivo de estas propuestas es que se consigan acuerdos entre las Autonomías, a través del Consejo de Políticas de Juego y sus Grupos de Trabajo, que propicien una racionalización en el gasto de homologación para los fabricantes, y una minoración en los tiempos de respuesta por parte de las Administraciones: uno de los puntos que no hemos cuantificado económicamente en nuestro Estudio, pero que lo mismo hacemos en posteriores ediciones, es el coste de oportunidad que supone el tener un expediente parado durante meses, pendiente de respuesta; nuestros constantes desarrollos, ese 10 ó 15% de nuestro volumen de negocio que reinvertimos en I+D, no puede tener mayor frustración y perjuicio económico que no poder ofrecer nuestros productos a los clientes porque su homologación tarde varios meses en resolverse.

En la práctica, hemos de agradecer a bastantes Autonomías y a sus Direcciones Generales la asunción individual de estos criterios, en las últimas normativas de máquinas que se van aprobando, y en la actitud proactiva de muchos de los integrantes de los Servicios de Juego.