21 agosto 2020
Brasil
Legislacion
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Bolsonaro firma el decreto que privatiza las apuestas deportivas en Brasil

(Brasil).- El gobierno brasileño dio un importante paso este miércoles en lo que se refiere a la regulación de apuestas deportivas, ya que su presidente, Jair Bolsonaro, firmó un decreto (10.467) por el cual el negocio de apuestas fijas será ofrecido por el sector privado. El Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) será el responsable de la ejecución y el Ministerio de Economía estará a cargo de la coordinación y seguimiento.

Las apuestas deportivas estarán incluidas en el Programa de Privatización e Inversiones (PPI), lo que significa serán explotada por el sector privado.

En el decreto se especifica que el Ministerio de Economía será el encargado de coordinar y monitorear el proceso de privatización, por lo que preparará los estudios y ejecución del proceso de licitación para la concesión. 

La ejecución y el seguimiento del proceso de privatización estará a cargo del BNDES, el cual deberá informar el progreso al Consejo del Programa de Alianzas de Inversión de la Presidencia de la República y otros organismos.

 

DECRETO N° 10.467

Se dispone la calificación del servicio público de lotería denominado "apuesta de cuota fija", creado por la Ley 13.756 del 12 de diciembre de 2018, en el marco del Programa de Asociaciones de Inversión de la Presidencia de la República, y su inclusión en el Programa Nacional de Desestatización.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 84, encabezado, incisos IV y VI, párrafo “a” de la Constitución, y en consideración de los dispuesto en el art. 4 de la Ley 13.334 del 13 de septiembre de 2016 y la Resolución 134 del 10 de junio de 2020, emitida por el Consejo del Programa de Asociaciones de Inversión de la Presidencia de la República,

DECRETA:

Párrafo único. Se designa al Ministerio de Economía como responsable de la coordinación y la supervisión del proceso de desestatización del que trata el encabezado, así como también, de la aprobación de los estudios, los proyectos, la recopilación de datos o las investigaciones necesarias para hacer efectiva dicha desestatización.