Todo eso se da en medio del escándalo por la operación “Penalidad Máxima” encabezada por la Justicia de Goiás donde ya siete jugadores de diferentes clubes (entre los que se encuentra el argentino Kevin Lomónaco) y otra veintena de personas fueron procesadas por participar directamente de las apuestas deportivas haciéndose amonestar o expulsar, en el caso de los deportistas, para generarle beneficios a diferentes apostadores con los cuales tenían permanente contacto

Por eso, en esta ley del Gobierno brasileño se contempla la creación de una secretaría dentro de la estructura del Ministerio de Hacienda, encargada de analizar los documentos para aprobar o rechazar la acreditación de empresas de apuestas en el país. Además, dicha secretaría supervisará el volumen de apuestas y los ingresos generados.

Por otro lado, la medida provisional establece que solo las empresas habilitadas podrán recibir apuestas relacionadas. Las empresas que no estén habilitadas estarán incurriendo en prácticas ilegales y se les prohibirá realizar cualquier tipo de publicidad.

Además, modifica una serie de artículos de una reglamentación que está vigente desde 2018 y determina que un 22% se destinará a las instituciones a cambio del uso de sus nombres, marcas, logos, himnos y símbolos para poder ejecutar los pronósticos de la competencia, por lo cual cada club tendrá 1.5% por esto mencionado.

Por su parte, las empresas tributarán al 16% sobre los ingresos obtenidos de todos los juegos jugados, restando los premios pagados a los jugadores. El premio recibido por el jugador estará sujeto a un impuesto sobre la renta del 30%.

Por último, hay que destacar que los ingresos generados por tasas e impuestos se destinarán a áreas como la seguridad pública, la educación básica, los clubes deportivos y acciones sociales. Y ese total recaudado se distribuirá para beneficiar a diferentes sectores de la sociedad.