La transacción, que se enmarca dentro del sector privado del juego, concretamente en la modalidad de juego presencial, afecta a las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia y Aragón.

Si bien los riesgos para la competencia, debido a la elevada cuota de mercado que tendrá Cirsa tras la operación, se han identificado en Cataluña. En concreto, en relación con los segmentos de gestión de máquinas tipo B en establecimientos de hostelería, así como en la explotación de salones de juego y bingo.

Por ello, la autorización de la operación se encuentra subordinada al cumplimiento de una serie de compromisos que se han considerado adecuados para solucionar los problemas de competencia que presentaba la operación, según ha explicado el organismo presidido por José María Marín Quemada.

Así, para el segmento de hostelería, Cirsa se ha comprometido a eliminar de las cláusulas de exclusividad en todos los contratos suscritos en Cataluña, con el fin de favorecer la competencia entre operadores de máquinas recreativas dentro de un mismo local.

Además, la compañía reducirá la duración de los contratos a cinco años tanto en hostelería como en salones de juego, lo que contribuye a aumentar la frecuencia de las opciones de cambio de empresa operadora, favoreciendo una mayor competencia por el mercado entre los titulares de los permisos de explotación en cada momento.

Este compromiso se ha extendido también para los contratos suscritos fuera de Cataluña, lo que potenciará la competencia por el mercado en todo el territorio nacional.

Asimismo, Cirsa se ha comprometido a revisar todos los contratos con duración superior a cinco años en un plazo que oscila entre los 12 y 24 meses, dependiendo del canal afectado. Comenzará la sustitución dando prioridad a los contratos de mayor duración, los de 10 años, por ser, según la CNMC, los más lesivos para la dinámica competitiva en el sector.

La CNMC vigilará el cumplimiento de los compromisos por parte de Cirsa, para lo cual ésta se obliga a la remisión periódica de un conjunto de información que permite contrastar el efectivo respeto de dichos compromisos.