La mayoría de estas propuestas están dirigidas a suprimir el monopolio de los juegos de azar o a replantear la distribución de cánones que por ley deben ser repartidos entre gobiernos municipales y departamentales, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y el Tesoro Nacional. Esto demuestra que las autoridades continúan ignorando un grave problema de salud pública que impacta con fuerza sobre los más jóvenes.

Lucía Fainboim, especialista en ciudadanía y crianza digital y directora de la consultora Bienestar Digital, sostiene que en la adolescencia hay un montón de filtros inhibitorios que no están desarrollados y que, por tanto, el impacto y las dificultades para limitar y tener un uso saludable de un juego de azar no están todavía presentes. “Son poblaciones más vulnerables que hay que resguardar de que ingresen a sitios de apuestas”, dice.

Los juegos de azar están prohibidos para menores de 18 años. En Paraguay, la Ley N° 6903 de 2022 establece medidas de protección a niñas, niños y adolescentes de la influencia de tragamonedas y prohíbe la instalación de juegos electrónicos de azar en lugares públicos como mercados, despensas, peluquerías, salas de internet, farmacias, hamburgueserías, en la vía pública, y en todo negocio o comercio que no se dedique al rubro de los juegos de azar o casinos.

Carlos Liseras, presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), dijo a El Surti en esta investigación sobre el negocio de las apuestas que en el país funcionan de forma clandestina más de 150 mil máquinas tragamonedas. Un pedido de información pública a la Municipalidad de Asunción confirmó que sólo 11 empresas tienen autorización para explotar y habilitar tragamonedas. “Los niños pueden caer fácilmente en el flagelo de la ludopatía”, refirió Liseras. 

Pero la incautación de tragamonedas por explotación clandestina es tan solo la punta del iceberg de un problema que afecta en especial a niños y varones jóvenes. 

La norma vigente no regula la publicidad de apuestas ni obliga a órganos competentes, como la Conajzar y el Ministerio de Salud, a desarrollar programas de concienciación acerca del juego y la prevención de la ludopatía. Un decreto presidencial de 2015, que reglamenta el marco rector de los juegos de azar, faculta a la Conajzar a planificar políticas públicas de juego responsable y prevención de la ludopatía. Aunque no la obliga.

El 2 de septiembre, la Conajzar firmó un acuerdo con la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar y la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar con el fin de impulsar políticas públicas para promover el juego responsable, que implica acciones de prevención de la ludopatía. En abril, presentó un proyecto de ley al Ministerio de Economía y Finanzas que, si bien se enfoca en eliminar el monopolio de los juegos de azar, propone regular la publicidad y prevenir la adicción. La iniciativa aún no fue presentada en el Congreso.

El diputado Adrián Vaesken (PLRA) impulsó en agosto un proyecto para que más empresas exploten juegos como apuestas deportivas, quinielas y bingos. Sin embargo, al igual que la mayoría de los proyectos analizados, no se centra en la reglamentación de la publicidad de juegos de azar ni en el desarrollo de programas sobre el juego responsable y la prevención de la ludopatía.

Otro aspecto que la mayoría de los proyectos dejan de lado es la rehabilitación de las personas con ludopatía. En los 20 años analizados, solo encontramos uno que en 2019 propuso abordar la prevención, atención y rehabilitación de las personas afectadas por esta adicción, pero se rechazó cuatro años después. 

Todavía existen grandes carencias legislativas que aporten una perspectiva de salud pública enfocado en el abordaje del juego compulsivo, además de la falta de reglamentación de las medidas de prevención.