Guatemala atrapada en el vacío legal del juego online

Un marco legal desactualizado

Sin dudas, la regulación del juego en Guatemala continúa siendo una de las más ambiguas de América Latina. Aunque el Código Penal contempla sanciones para los propietarios o administradores de casas de juego no autorizadas, así como para determinadas loterías y rifas ilegales, la normativa vigente fue diseñada en 1880 y no aplica de manera específica a los casinos modernos, las apuestas deportivas ni el juego online.

Este vacío legal ha permitido que operadores internacionales ofrezcan sus servicios a jugadores guatemaltecos sin un régimen específico de licencias o supervisión.

El juego online sigue sin regulación específica

A diferencia de otros mercados como Colombia o Perú, Guatemala no cuenta aún  con una autoridad reguladora encargada de otorgar licencias para el juego online.

Tampoco existen normas específicas sobre protección al jugador, políticas de juego responsable o controles técnicos para los operadores digitales, lo que mantiene al país como un mercado de regulación limitada o de "zona gris".

La Iniciativa 6645

En paralelo al debate sobre una regulación integral del sector, el Congreso de Guatemala dio un paso importante para combatir la proliferación de las tragamonedas y otros juegos de azar no autorizados.

La Comisión de Gobernación, presidida por el diputado Fidencio Lima, emitió un dictamen favorable a la Iniciativa 6645, un proyecto que propone modificar el Código Penal para regular, sancionar y prevenir la operación clandestina de máquinas tragamonedas y otros juegos ilegales.

La iniciativa busca cerrar los vacíos legales que han permitido la expansión de miles de tragamonedas instaladas en comercios y tiendas de barrio sin ningún tipo de fiscalización.

De hecho, el texto explica que “La proliferación de las máquinas tragamonedas y otros juegos de azar en el territorio nacional ha provocado una serie de problemas sociales, económicos y de salud pública. La ausencia de una regulación específica que permita prevenir, erradicar y sancionar el funcionamiento de las mismas, ha permitido que estas máquinas se instalen de forma clandestina, incluso en zonas cercanas a escuelas, mercados y comunidades vulnerables, vulnerando los derechos de los ciudadanos, en particular de los niños, niñas y adolescentes”.

Más control y mayor recaudación

De acuerdo con el dictamen de la Comisión, la propuesta no contradice la Constitución, sino que fortalece el marco jurídico al enfrentar un problema que afecta tanto a la economía como a la sociedad guatemalteca.

Entre sus principales objetivos se encuentran incrementar la recaudación fiscal, combatir la evasión tributaria y proteger recursos públicos destinados a áreas como salud, educación y seguridad. Además, el proyecto advierte sobre los riesgos sociales asociados al juego ilegal y la necesidad de reforzar los controles para proteger a los sectores más vulnerables y prevenir el acceso de menores de edad a estas actividades.

Por lo tanto la Iniciativa 6645 explica que “con el objeto primordial de prevenir, erradicar y sancionar el funcionamiento de dichas máquinas tragamonedas y juegos de azar, la presente iniciativa pretende regular sobre la materia, encontrando su fundamento en los principios y mandatos constitucionales siguientes”.

Intentos de modernizar el sector

Antes de la Iniciativa 6645, el Congreso había impulsado la Iniciativa 4294, que proponía crear una Ley de Regulación de Apuestas, Casinos, Videoloterías, Bingos y Juegos de Azar. Sin embargo, pese a avanzar en el proceso legislativo, el proyecto nunca fue aprobado.

La nueva iniciativa representa otro intento por actualizar la legislación, aunque su alcance se concentra principalmente en combatir el juego ilegal y no en establecer un régimen integral para el mercado online.

El desafío pendiente

Los Especialistas coinciden en que Guatemala aún necesita una reforma más amplia que permita regular las apuestas online mediante un sistema de licencias, establecer normas de juego responsable, fortalecer la prevención del lavado de dinero y brindar mayor seguridad jurídica tanto a operadores como a jugadores.

Para concluir, hay que remarcar que hasta que ese marco legal sea aprobado, el país continuará figurando entre los mercados latinoamericanos con mayor incertidumbre regulatoria para la industria del juego digital.