Desde la entrada en funciones de la nueva administración federal en México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha manifestado con claridad la necesidad de actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, una legislación que, si bien aún está vigente, ha quedado ampliamente superada por la realidad tecnológica, económica y social del país.

Fue en diciembre de 2024, apenas unos meses después de asumir la presidencia, cuando Sheinbaum hizo un anuncio que sorprendió positivamente tanto a la industria como a expertos en regulación ya que ellos venían reclamándolo desde mucho tiempo atrás: México necesitaba con urgencia una nueva ley del juego. Para ello, encomendó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), bajo el liderazgo de Rosa Icela Rodríguez, conducir el proceso técnico y político para la elaboración de un nuevo proyecto de ley.

Desde entonces, autoridades y empresarios del sector han trabajado de manera coordinada. Durante el primer trimestre de 2025, se desarrolló una agenda temática que sentó las bases para la propuesta legislativa. El proceso ha sido calificado como el más abierto y colaborativo que ha tenido la industria en décadas.

“Estamos en el umbral de una oportunidad histórica que podría marcar un salto sustancial hacia la modernización del marco jurídico, abriendo nuevos horizontes para que el mercado mexicano del juego se convierta finalmente en uno de los más atractivos a nivel continental e internacional y ocupe el lugar que se merece” afirmó en exclusiva para SoloAzar Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA).

Y agregó “la esperanza de que la iniciativa sea tratada por el Poder Legislativo en su primer periodo de sesión del año entrante, sigue más vigente que nunca”.

Un marco normativo desactualizado

La Ley de 1947 fue promulgada en un contexto completamente distinto al actual. No contempla figuras hoy fundamentales como el juego en línea, la operación digital de sorteos ni las nuevas modalidades tecnológicas. Tampoco define criterios claros de supervisión, fiscalización o mecanismos efectivos de protección al consumidor.

Esta ausencia de regulación moderna ha provocado que la industria funcione en un entorno ambiguo, donde muchas actividades se han desarrollado gracias a interpretaciones administrativas, acuerdos complementarios o vacíos legales.

En este sentido, un experto en legislación del juego en México como es Gerardo Ballesteros Félix Díaz, Abogado Especialista en Juegos y Sorteos Y socio principal de LC Gaming explicó en Exclusiva para SoloAzar que “La Ley de 1947, aunque ha demostrado su capacidad para proporcionar un marco de seguridad jurídica, resulta obsoleta ante la dinámica actual de la industria, especialmente en el ámbito digital. La discusión sobre un proyecto de ley para su modernización es, desde mi punto de vista, indispensable”.

Retos políticos por delante

Aunque el sector aplaude los avances y el enfoque del Ejecutivo, el destino de la nueva ley dependerá ahora del Poder Legislativo. La coyuntura política, marcada por reacomodos dentro del Congreso y negociaciones entre fuerzas políticas, puede ralentizar el proceso.

Sin embargo, tanto empresarios como autoridades mantienen la expectativa de que el proyecto de ley sea discutido en el primer periodo de sesiones de 2026, el cual inicia en febrero. Existen ya señales de respaldo desde distintos sectores legislativos, particularmente aquellos interesados en generar mayor certidumbre jurídica, aumentar la recaudación fiscal y combatir el juego ilegal.

Palabras finales

México está a las puertas de una reforma largamente esperada. La posibilidad de contar con un nuevo marco jurídico para la industria del juego y los sorteos representa una oportunidad única para alinear al país con los más altos estándares internacionales. Por primera vez en décadas, el sector público y privado parecen ir en la misma dirección: modernizar, profesionalizar y transparentar una industria que, bien regulada, puede convertirse en motor de desarrollo, generación de empleo y recaudación fiscal.