Anmare: El mercado regula la apertura de salones de juego en Andalucía

En las capitales de provincia la densidad es algo mayor: uno por cada 7.196 habitantes y en las demás ciudades en las que hay esta oferta de ocio hay uno por cada 10.987 habitantes, según la documentación sobre el juego en Andalucía facilitada a Europa Press por la Federación Andaluza de Asociaciones Máquinas Recreativas, Salones y Ocio (Anmare).

Estos datos se corresponden con mayo de 2020, «sin considerar los eventuales cierres o irregularidades derivados de la epidemia de Covid-19», han precisado desde la Federación, que cifra en 880 los salones para 8,5 millones de habitantes, con un leve crecimiento -diez nuevos salones- desde 2019.

«El ritmo de aperturas se ha ralentizado, cabe pensar que la demanda se está saturando pasado el efecto novedad de los últimos años», ha valorado Anmare, informando de que en las capitales hay 2,4 millones de habitantes con una oferta de 332 salones, es decir, uno por cada 7.196 habitantes.

Además de las ocho capitales, hay 548 salones en otras 182 ciudades andaluzas, que suman con 4,5 millones de habitantes. En estas ciudades hay uno por cada 10.987 habitantes y hay 1,5 millones de residentes en 596 municipios en los que no hay ningún salón de juego.

Por provincias

Huelva es la que más salones tiene por habitantes y Granada la que menos, entre medias de ambas están Cádiz, Jaén y Sevilla, con algo más de un salón por cada 10.000 habitantes, y Almería, Málaga y Córdoba un poco por debajo de esa referencia.

Los salones dan empleo a 4.400 personas, según los datos de Anmare, que considera que «lógicamente, las restricciones establecidas por el estado de alarma supusieron el pase a ERTEs de casi todos ellos (salvo el personal destinado al mantenimiento), entre el 14 de marzo y mediados de junio».

En el último mes y medio la actividad de los salones se reactiva «a diferentes velocidades». A finales de julio estaban abiertos el 80%, casi el 100% las capitales y principales ciudades, y han salido de los ERTES «más de 3.520 empleados» y «aún quedan 880 empleados en ERTES». El año pasado visitó algún salón un 8,2% de la población comprendida entre 18 y 75 años, es decir, unos 520.000 clientes, «en su mayoría hombres menores de 35 años».

La Junta actúa

La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha informado de que en los últimos diez meses se han clausurado preventivamente tres salones de juego en la provincia, con sus correspondientes sanciones económicas, tanto por permitir la entrada de menores como por permanecer funcionando fuera del horario establecido.

Así, desde el Gobierno andaluz han indicado que la protección de los menores, junto a la de las personas con problemas adictivos, es uno de los ejes fundamentales de su actuación en materia de juegos que desarrolla a través del Servicio de Juego y de la Unidad de Policía adscrita vinculados a las delegaciones del Gobierno andaluz en cada provincia.

El control tanto de menores como de personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso, conocido como Registro de Prohibidos, «es ahora muy estricto y está sancionado por esta Administración con medidas concretas, como el endurecimiento de sanciones o el cierre cautelar del establecimiento en casos de infracciones graves o muy graves», ha precisado.

Precisamente, esta acción de la Junta está llevando al propio sector a proceder «con un mayor rigor en el cumplimiento de estas exigencias y acometer, por ejemplo, la instalación de dispositivos automáticos en la entrada de locales de juego que filtran, a través del DNI, tanto la edad como la inclusión en el listado oficial de personas prohibidas».

La delegada del Gobierno andaluz ha indicado que «estamos reforzando aún más la protección de los menores, uno de los colectivos más vulnerables frente al juego, que ha acrecentado esa vulnerabilidad con la extensión reciente de nuevas modalidades que acaparan su interés, como pueden ser la apuestas deportivas, así como el incremento en los últimos años del número de establecimientos dedicados a estas actividades».

Asimismo, Navarro ha puesto de relieve el avance de la Junta en la normativa «que da mayor relevancia a esa protección», recordando el Decreto-ley aprobado en Consejo de Gobierno en diciembre de 2019, «que ya endurecía el régimen sancionador para conseguir mayor eficacia en el control de acceso a los salones bajo el principio de tolerancia cero a la entrada de menores y personas incluida en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso.

Pero también se ha referido al proyecto de decreto, actualmente en trámite, que adopta nuevas medidas «y que impedirá la apertura de salones de juego que se encuentren a menos de 150 metros de los accesos a colegios o institutos».

La Junta es la administración competente en materia de juego presencial, y con estas medidas, junto a otras que se desarrollan de información y concienciación en jóvenes sobre los riesgos de la práctica compulsiva del juego, «ponemos freno a la presencia de menores en salones de juegos y apuestas de la comunidad y ayudan a prevenir posibles adicciones asociadas a este tipo de prácticas a una temprana edad, cuando todavía no se tiene plena conciencia del riesgo que entrañan», ha subrayado la delegada.

Navarro ha puesto de relieve «la permanente» ocupación de la Delegación del Gobierno en Málaga sobre los menores y las personas con prohibición de acceso, «no sólo en el ámbito legislativo, si no en la actuación constante tanto de la Unidad Adscrita de Policía, que cumple la tarea de inspección y control de los locales de juego, como del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, que instruye y acuerda los necesarios expedientes sancionadores, así como las medidas provisionales de cierre cautelar de los locales».

El pasado año se realizaron en la provincia de Málaga un total de 245 inspecciones en locales de juego que dieron lugar a 195 actas de denuncia y recogieron 355 infracciones a la normativa de Juego, ocasionando los respectivos expedientes sancionadores, de los cuales cinco han sido por permitir la entrada a menores.

«El juego legal es un sector importante para la economía malagueña, generador de empleo y recursos que supone un valor añadido a la oferta turística y de ocio de la provincia, pero tenemos que ser todos responsables y rigurosos al máximo con la salvaguarda de los derechos e intereses de los colectivos vulnerables ante su práctica, como son menores y las personas incluidas en el Registro de Interdicciones de acceso a los establecimientos donde se ejerce y apuesta», ha concluido la delegada.