Casinos chilenos celebran el fallo del TC sobre máquinas tragamonedas

Con el recurso, explicó la asociación, los empresarios de la Fiden buscaban frenar las facultades de la Contraloría para obligar a los municipios a negar el otorgamiento o renovación de patentes a locales que exploten juegos electrónicos de azar, las famosas tragamonedas, bajo la forma de máquinas de entretención.

La asociación recalcó que, según la ley 19.995, las únicas entidades a las que se les permite contar con juegos tragamonedas de azar, con el respectivo pago o apuesta en dinero, son los casinos de juegos – municipales y privados- que se encuentran en 17 comunas a lo largo del país, entidades que en parte son reguladas por la Superintendencia de Casinos de juegos, y que además de pagar los impuestos específicos al Estado, deben aportar un 20% de lo recaudado al municipio y a la región donde se ubican.

Por múltiples indagaciones de la fiscalía, de la Superintendencia de Casinos de Juego, de los municipios y de la Contraloría, en la práctica se ha detectado que muchos locales solicitan patente municipal para ejercer como locales de recreación de máquinas de juegos electrónicas, pero terminan funcionando como pequeños casinos ilegales.

Según un estudio de la Superintendencia del año pasado, hay 1.327 salas de juego a lo largo del país y 33.009 máquinas tragamonedas, a las cuales suelen ingresar menores de edad con uniforme escolar, se detecta la venta de bebidas alcohólicas o se fuma, cuestiones que en los casinos legales no está permitido, sino sujeto a estrictas reglas y control.

El abogado de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, Juan Carlos Manríquez, señaló que “este fallo ratifica que el órgano contralor tiene facultades para reiterar a los municipios que según la ley no pueden entregar patentes de juego electrónico cuando en realidad lo que se está practicando es juego de apuestas y para eso tienen que hacer inspecciones en sus comunas y cerciorarse que se les pruebe, al pedir patente, a través de pericias de universidades o instituciones reconocidas y fijadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos que no se trata de máquinas ilegales”.

Finalmente, la asociación recordó que los empresarios de juegos electrónicos ya habían presentado otros recursos de protección contra la Superintendencia de Casinos de Juego y la Contraloría, como un intento de obtener dichas patentes, los cuales fueron desestimados por la Corte Suprema, imponiéndoles el pago de costas.