Casinos de Costa Rica tienen 3 meses para dar información a la Sugef

La nueva disposición se aplica a empresas y personas catalogadas como sujetos obligados que estén inscritos en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y cuya situación se encuentra suspendida, cancelada o revocada por no haber enviado los datos requeridos, se detalla en el oficio SGF-1784-2022, del pasado 31 de agosto.

“La Sugef prevendrá, por una única vez, (...) al sujeto obligado que no cumple con la prevención en los términos, plazos y condiciones que se le requirió. La Superintendencia adoptará el acto de suspensión y transcurridos tres meses calendario desde la adopción de dicho estado, se procederá con la cancelación del asiento del registro de la inscripción del sujeto”, se detalla en el documento de Sugef.

La disposición empezó a regir el 1.° de setiembre, con lo cual el primer periodo para cumplir con la orden se cumple el próximo 1.° de diciembre.

Prevenir lavado. Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, recalcó que la banca no puede brindar sus servicios a los sujetos obligados que no estén inscritos o cuyo registro esté suspendido, cancelado o revocado.

“Se identifica la necesidad de fortalecer los requisitos de inscripción para lograr un mayor compromiso por parte de los sujetos obligados, en el entendimiento y gestión de los riesgos de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo”, subrayó la funcionaria.

La inscripción obligatoria a la Sugef se inició en enero del 2019, como parte de un proceso para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La orden de la entidad supervisora también manda a bancos, cooperativas, financieras y mutuales verificar que el cliente calificado como sujeto obligado tenga su inscripción al día; si no, puede rechazar o devolver fondos a los usuarios, así como cerrarles las cuentas de forma unilateral.

“Se recuerda y advierte de que (...) se les podría estar cancelando su inscripción, estado final en el cual las entidades del sistema financiero se encuentran imposibilitadas de prestar sus servicios”, recalca el oficio del ente fiscalizador.

La institución confirmó que, durante este año, suspendieron la inscripción a 1.908 sujetos obligados, por diferentes motivos. Hasta el pasado 31 de agosto, esa condición la mantenían únicamente 943, por no regularizar su situación y por falta del pago del canon.

En abril pasado, había 4.646 sujetos inscritos, entre personas y sociedades. La lista de obligados incluye también a empresas y personas dedicadas a la compra y venta de bienes inmuebles, así como comerciantes de metales y piedras preciosas.

También, abogados y contadores que participen en la compra y venta de bienes inmuebles, en la administración del dinero de sus clientes, entre otras actividades.