Casinos ilegales: el gran desafío tras Monticello

En julio de este año, Osvaldo Campos, veterinario, tras perder 20 millones de pesos en el casino perpetró un ataque en el casino Monticello, donde disparó a seis personas, dos de ellas resultaron muertas, para luego suicidarse al ser acorralado por los cuerpos de seguridad en el baño de la casa de juego.

Con ocasión de lo ocurrido en el casino Monticello, ha reaparecido en agenda el tema de la seguridad en los casinos de juegos establecidos al amparo de la ley 19.995, cuya regulación y fiscalización corresponde a la Superintendencia de Casinos de Juegos. Sin embargo, no debemos perder de vista la situación de miles de locales comerciales a lo largo de todo el país que mantienen a disposición del público juegos de azar, principalmente las llamadas máquinas tragamonedas, constituyéndose algunos de éstos en verdaderos casino ilegales.

En nuestro país, la explotación comercial de los juegos de azar constituye una actividad que puede ser practicada excepcionalmente y autorizada en virtud de una ley. Es así como el año 2005 se dictó la ley mencionada que amplió la autorización para el funcionamiento de casinos en varias ciudades del país. No obstante ello, han proliferado las casas de juego ilícitas y clandestinas, así como la explotación de máquinas tragamonedas al margen de la ley, sin regulación ni fiscalización alguna.

Nuestro Código Penal contempla un párrafo referido a las infracciones de las leyes y reglamentos referentes a loterías y casas de juegos, en el cual se establecen delitos vinculados a esta actividad con penas de presidio y multa, las que resultan insuficientes en comparación con el incentivo que representan las utilidades de esta actividad.

A modo de ejemplo, el artículo 276 del Código Penal sanciona con multas de 11 a 20 UTM a los autores, empresarios o administradores de loterías no autorizados, estableciendo una pena de reclusión sólo para los casos de reincidencia. Por su parte, el artículo 277 sanciona a los banqueros, dueños, administradores o agentes de casas de juegos de suerte o azar con pena de presidio menor y la misma multa indicada.

El mayor problema de esta legislación es su antigüedad, ya que presenta serias dificultades para su aplicación a las conductas que ocurren en la actualidad y si bien han existido numerosas iniciativas de ley que han buscado modernizar la tipificación de los delitos e incrementan sus sanciones en el Código Penal, éstas no han prosperado en el Congreso.

Resulta entonces imperioso revisar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad de explotación comercial del juego en nuestro país, incluyendo la situación de los juegos de azar ilegales cuyo establecimiento se encuentra en una situación aún de mayor vulnerabilidad en materia de seguridad.