Comisión Investigadora de Casinos en Diputados: ´La SCJ incumplió su rol fiscalizador´

Dicho trabajo fue presentado en la jornada de ayer  por medio de un informe, rendido por quien fuera el presidente de la instancia, diputado Rodrigo González (PPD), el cual fue aprobado por 111 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.

En sus conclusiones, el grupo parlamentario sostuvo que “la Superintendencia de Casinos de Juego incumplió su rol fiscalizador” en variadas materias como, por ejemplo, en lo relativo a hacer valer la prohibición legal del de préstamos a los jugadores, como ocurrió en el Casino Rinconada de Los Andes, el  “validar ofertas económicas que serían inviables de cumplir” en el caso de la licitaciones de casinos municipales que ganó Enjoy, como fue el caso de Puerto Varas, entre otras;  la falta de sanciones adecuadas a la práctica de  juego on line a través de “EnjoyWin” “lo que tendría que haber dado lugar al inicio de un procedimiento sancionatorio y, si se comprobaba que efectivamente se estuvieron desarrollando juegos de azar online, se debió hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público”.

Respecto de la falta de evaluación por el ingreso de Advent como nuevo accionista de Enjoy, el informe plantea que el hecho debiera ser investigado por la Contraloría General de la República, para determinar si el actuar del ente fiscalizador se apegó al marco normativo que rige la industria, específicamente respecto de la calificación de inversionista institucional y la posible vulneración del artículo 18 de la Ley 19.995

Asimismo, entre otras observaciones, se refutó la procedencia de autorización de parte de la Superintendencia para la renovación de boletas de garantía por pólizas de seguro por Enjoy S.A., en el contexto del proceso de renovación de las licitaciones de los casinos municipales, aspecto que también se estima debe ser evaluado por la Contraloría.

En el marco de las propuestas, la comisión llama a ampliar la prohibición que tienen los casinos de juego de otorgar créditos a jugadores a empresas relacionadas con las sociedades operadoras, las que debieran tener la responsabilidad de su cumplimiento, así como a ampliar las sanciones administrativas para las sociedades operadoras o empresas relacionadas que otorguen crédito a jugadores.

También se sugiere remitir los antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero y al Servicio de Impuestos Internos, para que se indague la posible comisión de infracciones a la ley, que se pudieran configurar en las conductas de omisión de denuncia oportuna, por parte de la Superintendencia; injerencia indebida en el giro bancario; infracción a la ley de Mercado de Valores -por eventual omisión u ocultamiento de información al mercado en el caso de sociedades anónimas abiertas-; y posible vulneración a los artículos 94 y siguientes del Código Tributario.

De igual modo, se propone remitir los antecedentes recopilados por la comisión a la Contraloría General de la República, de modo que inicie un proceso investigativo a la Superintendencia de Casinos de Juego, con la finalidad de detectar vulneraciones a la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado.

Finalmente, se hacen alcances respecto de préstamos a jugadores y desarrollo de juego online, sobre el proceso de licitación de los llamados “casinos municipales” y del proceso de compra por parte de Enjoy de los casinos de las ciudades de San Antonio y Los Ángeles; al tiempo que se plantea generar, por reglamento, una política nacional de juego responsable e impulsar un proyecto de ley que faculte a la Superintendencia de Casinos a incorporar en los procesos de licitación la contratación de seguros, por parte de los adjudicatarios, que cubran la contingencia de siniestros de tal envergadura que impliquen el cierre temporal de los recintos.