Tal como lo anticipó LA NACION, a partir de un dictamen del fiscal de Estado provincial Hernán Gómez, el gobierno de María Eugenia Vidal decidió que Boldt, histórico operador de los casinos, quedara fuera de competencia en dos de las tres canastas en las que se divide la licitación. Esto es, en cinco de los siete casinos. Ayer, la firma de Antonio Tavanelli recibió otra mala noticia de la Justicia.

La segunda canasta, que incluye los casinos de Tandil, Miramar y el Hermitage de Mar del Plata, tendrá como único oferente a la UTE conformada por el Bingo Oasis de Pilar, de Ricardo Glazman y Alejandro Gravier, y la misionera Entretenimientos Saltos del Moconá.

En la tercera canasta, que incluye los casinos Central de Mar del Plata y Monte Hermoso, solo se abrirá el sobre con la propuesta económica de Casino de Victoria SA, la firma del entrerriano Daniel Mautone, socio del operador y amigo presidencial Daniel Angelici en dos bingos.

Boldt, que maneja las tragamonedas de los casinos desde los tiempos del duhaldismo, era la única que había presentado ofertas en las tres canastas de la licitación. Tras la decisión del gobierno de Vidal, continuará participando en soledad en la primera canasta, que abarca la joya de la compulsa, el casino Trilenium, de Tigre, además de la sala de Pinamar. No habrá competencia por ninguno de los casinos.

Boldt quedó fuera de la pelea por cinco casinos luego de un planteo de Mautone, avalado por el fiscal de Estado, que impugnó su oferta por considerar que no cumplió los requisitos de los pliegos a la hora de precisar plazos y tasas del financiamiento de inversiones.

Esto fue interpretado en clave política en el sector, porque Boldt era el competidor con mayores espaldas financieras y quien, al manejar las siete salas en licitación, ya había amortizado buena parte de la inversión.

Es un secreto a voces en los pasillos platenses que Vidal no quería que la primera licitación del juego en la historia provincial arrojara una noticia indeseada: que el ganador fuera el mismo de siempre.

En el Instituto de Lotería y Casinos, que preside Matías Lanusse, disienten de esta lectura: subrayan que lo más transparente y responsable era seguir el criterio de la Fiscalía de Estado, órgano constitucional que tiene entre sus misiones velar por el patrimonio de los bonaerenses.

Boldt recurrió por vía administrativa la decisión de Lotería, sin suerte, e intentó luego la vía judicial. Ayer, el juez en lo contencioso administrativo de Quilmes Hugo Guarnieri no hizo lugar a la cautelar solicitada por el clan Tavanelli, aunque no se expidió sobre el fondo de la cuestión.

"En modo alguno ha podido demostrarse que el órgano administrativo [Lotería] haya utilizado sus atribuciones con un propósito distorsionado, diferente al previsto en la ley", sostuvo el juez, y recordó que, en una licitación, los pliegos "son la ley del contrato" a la que se someten las partes.

Hoy, cuando se abran los sobres de la licitación, se conocerá la propuesta económica de cada oferente a la provincia, que actualmente se queda (en teoría) con la mitad de las ganancias (después de pagar premios) de las tragamonedas. Pero en realidad termina recibiendo cerca del 30% o menos, porque debe pagar los sueldos de los empleados, el mantenimiento de paños, los servicios y la seguridad, entre otros rubros. Con la licitación actual, estos gastos pasan a los operadores privados.