Recientemente, el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos y Juegos entregó los permisos de operación para los casinos de Antofagasta y El Maule, donde los adjudicatarios fueron la sociedad Dalmacia Gamming -entre cuyos accionistas figura el grupo Enjoy, que opera dicho casino desde 2008- y la Sociedad de Ríos Claros, ligada al grupo Dreams, respectivamente.

El hecho no dejó de llamar la atención, toda vez que Enjoy y Dreams se encuentran bajo investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica ante una denuncia de eventual colusión. Si bien la indagatoria está en plena marcha y todavía no se ha determinado ninguna culpabilidad, el caso ha estado rodeado de espectacularidad mediática, ya que otro de los supuestos involucrados en esta denuncia de colusión, Marina del Sol, se acogió a delación compensada, y los domicilios de sus principales ejecutivos fueron allanados hace un tiempo. La denuncia, de hecho, ya tuvo implicancias, porque seguramente fue uno de los factores que incidió para que Enjoy y Dreams desestimaran en abril los planes de fusión que habían anunciado 15 meses antes, y que habrían dado lugar a uno de los mayores operadores de juegos de la región.

Es en estas circunstancias que cabe preguntarse por qué un antecedente tan relevante como es una investigación de esta naturaleza en la práctica no tuvo ninguna incidencia en el proceso de adjudicación, ateniéndose a decidir en función de las propuestas económicas que los distintos participantes entregaron a la autoridad. Incluso en el caso de Antofagasta en algún momento Dreams también estaba compitiendo por adjudicarse dicho casino, pero finalmente quedó en el camino.

Si bien todo indica que en estas adjudicaciones se cumplieron cabalmente los procedimientos y requisitos que establece la ley, el caso justificadamente lleva a preguntarse si es pertinente que al existir causas pendientes, sobre todo tratándose de colusión, aun así el Estado entregue licencias de operación, sin que antes se despeje la arista judicial o exista un poco más de claridad acerca de la plausibilidad de los hechos denunciados.

Cabe preguntarse si la legislación vigente debería ser reexaminada a la luz de estos hechos, sobre todo porque resulta evidente que ante el propio Estado existen estándares diferentes para apreciar casos donde eventualmente se ha orquestado un plan para vulnerar la legislación. Así, y a propósito del caso de líos de platas que ha involucrado a un sinnúmero de fundaciones hoy bajo investigación judicial que se hicieron de millonarios fondos públicos para fines muy distintos de los declarados, el Estado no ha vacilado en cortar de inmediato muchos de esos convenios y ha solicitado la restitución de los fondos, sin esperar el resultado de las investigaciones. Tal proceder se ha estimado acertado, porque sin perjuicio de que se acredite un delito, son abrumadores los antecedentes que denotan una manifiesta irregularidad.

No cabe duda de que las denuncias por colusión deben tratarse con suma cautela; es necesario por de pronto despejar que no se trate de una maniobra para desbancar a competidores; también se debe procurar que no haya declaraciones de culpabilidad anticipada, y en algunos casos, como ocurre en el caso de las renovaciones de licencia de casinos, hay problemas de continuidad operativa involucrados. Pero ante la ciudadanía ciertamente resulta cuando menos extraño que frente un procedimiento que organiza y resuelve el propio Estado antecedentes de este tipo no tengan incidencia alguna en el proceso.