Diputado de Chubut propone un casino público para preservar empleos en Esquel

Juan Aquino, legislador del Frente de Izquierda, propuso la creación de un casino estatal en Esquel con el objetivo de proteger los puestos de trabajo, argumentando que la Constitución provincial permite declarar de “utilidad social” a empresas privadas.

El diputado sostuvo que esta herramienta legal podría evitar que unos 50 trabajadores del casino queden desempleados, en medio de un conflicto entre la empresa concesionaria y el gobierno. En ese sentido, remarcó que la Provincia debe garantizar la continuidad laboral y planteó como alternativa un casino público con participación de los trabajadores y control social, donde las ganancias se reinviertan en obra pública.

Recorrida por la cordillera y reclamos sociales

Durante una agenda en la región andina de Chubut, Aquino se reunió con vecinos afectados por incendios forestales recientes y cuestionó la falta de respuestas estructurales por parte del Estado. Señaló además que persisten dudas sobre la distribución de recursos destinados a los damnificados.

El legislador también visitó a integrantes de la Comunidad Nahuelpan, quienes denuncian contaminación proveniente de una planta de tratamiento de residuos. Según indicó, los pobladores continúan sufriendo consecuencias ambientales, como la pérdida de animales, sin حلول concretas por parte de las autoridades.

Déficit habitacional en aumento

Aquino advirtió sobre un creciente déficit habitacional en la zona, evidenciado en la proliferación de tomas de tierras. Afirmó que solicitará información catastral al municipio debido a la falta de claridad sobre la situación territorial y alertó que muchas familias viven en condiciones de vulnerabilidad ante la ausencia de políticas públicas efectivas.

Asimismo, adelantó que llevará estos reclamos a la Legislatura provincial, con el objetivo de canalizar las demandas sociales relevadas durante su recorrida.

Casino público como alternativa

En relación con el casino de Esquel, el diputado insistió en que el modelo de gestión estatal es viable y permitiría sostener el empleo directo e indirecto. Destacó además el impacto económico que genera la actividad en sectores como el transporte y el comercio local.

“La Constitución habilita declarar de utilidad social a una empresa privada. Si la empresa no se hace cargo de los trabajadores, el Estado debe intervenir para evitar que queden en la calle”, concluyó.