Dreams crea sociedades para ir por ocho plazas de casinos adicionales en Chile

La normativa establece que sólo pueden operar 24 casinos de juego en el país; uno en cada una de las regiones –con excepción de la Región Metropolitana- y el resto a ser distribuidos a nivel nacional, no pudiendo haber más de tres casinos en una misma región.

Durante 2019 -último año prepandemia- las doce plazas en licitación generaron ingresos por $260.792 millones, el 55% de todo lo que generó la industria ese año. La ubicaciones más relevantes fueron Monticello, con $87.565 millones en retornos; seguida de Talcahuano, con $38.660 millones, y Antofagasta, cuyos ingresos alcanzaron los $24.128 millones hace dos años atrás.

Si bien, Dreams ha estado avanzando ante la posibilidad de que el proceso no se pare, los operadores han activado un fuerte lobby con la autoridad para intentar detener la licitación.

Argumentan que no están dadas las condiciones para seguir adelante con la licitación, considerando lo golpeado que está el sector por la pandemia y por el hecho de que el Covid-19 también inhibe un resultado exitoso, ante la imposibilidad de viajar a analizar posibles plazas, y la opción de que extranjeros vengan a visitar lugares atractivos para postular.

Dreams, de hecho, asegura que su intención de competir no contradice justamente la idea de que lo más recomendable sería suspender el proceso. “Manteniendo las ganas de competir, Dreams adhiere a la lucha que ha liderado la Asociación de Casinos de Juego, la que es una cuestión de principios, donde lo que pedimos es que se respete el Estado de Derecho, la palabra empeñada y la certeza jurídica”, dicen. Subrayan que: “Por eso, consideramos que la licitación debería suspenderse porque se realiza en base a una interpretación errada de la ley; y porque generará tal incertidumbre, que afectará negativamente el desarrollo integral de la Industria de casinos, tal como lo prevé la ley”.

Con todo, el 18 de octubre a las 10:00 horas en el Hotel Gran Palace de Santiago deberán presentarse las ofertas técnicas y económicas. Primero, en un plazo de 120 días, se evaluarán las técnicas, a las cuales se les asignará un puntaje. Cinco días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de evaluación, se llevará a cabo la audiencia pública de apertura de las ofertas económicas; y cinco días después de ello, la Superintendencia emitirá la resolución declarando la decisión final respecto a cada postulante. Calculando los plazos, se prevé que la licitación se adjudique el primer trimestre del próximo año.