El Gobierno de Andorra ha acordado estimar parcialmente el recurso que interpuso Jocs, el grupo empresarial que ganó el concurso del casino, contra la resolución del Consell Regulador Andorrà del Joc (Craj) de denegarle la concesión de la licencia para construir y explotar la primera instalación de estas características en el país.

El ejecutivo andorrano ha informado en un comunicado de que el Craj, antes de tomar la decisión de negar la licencia a Jocs --que hizo pública en enero--, tendría que haber dado la posibilidad al grupo empresarial andorrano de enmendar las irregularidades detectadas por el organismo regulador.

Según informó el Craj en su momento, se denegó la concesión de la licencia a Jocs a pesar de haber ganado el concurso --hace justo un año-- porqué no podía acreditar la total disposición de la marca 'Casino de les Valls', nombre con el que se había presentado, y por constatar deficiencias en el proyecto arquitectónico definitivo del casino.

Concretamente, la polémica surgió por una pasarela que debe unir la instalación con una plaza pública de Andorra la Vella, que se nombraba en el documento que Jocs presentó al concurso, pero que desapareció en el proyecto definitivo entregado al Craj a finalesde año.

A efectos prácticos, esta decisión del Gobierno implica que se hace marcha atrás en todo el proceso de denegación de la licencia, y ahora Jocs tiene la posibilidad de corregir todas las deficiencias apuntadas por el Craj.

Con todo, el Ejecutivo "no entra en los motivos de fondo" del recurso que Jocs presentó pocos días después de que el Craj rechazara la licencia.

Fuentes del Gobierno han explicado a Europa Press que cuando el Craj comunique formalmente a Jocs la decisión, esta tendrá diez días para presentar la documentación o alegaciones que considere.

Después se iniciará el proceso de evaluación de esta respuesta, lo que implica que el proceso para conceder la licencia del primer casino de Andorra se seguirá alargando en el tiempo, incluso hasta después del verano.

Paralelamente, hay en marcha varios litigios judiciales de los otros aspirantes a explotar el casino, porqué consideran que hubo irregularidades en el proceso de adjudicación del concurso internacional que lanzó el Gobierno.