El tema de la existencia de estos negocios no está cerrrado, la polémica sigue y en Ovalle los empresarios mantienen la discusión con la Municipalidad. De todas formas en el último año o desde que se instalo el Casino Resort, el número de negocios de máquinas en el centro de la ciudad disminuyó.

Desde la Asociación de Operadores de Salas de Juegos Electrónicos de la comuna limarina aseguran que « sabemos que el parlamento puede prohibir estos locales», pero también son tajantes en señalar que «la constitución nos favorece, ya que no puede existir monopolio»

En diez calles de la comuna de Ovalle existen 11 salas de juegos electrónicos. Vicuña Mackena, Benavante y Aristía, son las principales avenidas. Uno que otro transeúnte, apenas abre uno de ellos, ingresa raudo con la esperanza de ganar. «Hasta para llevar el pan me conformo», cuenta Andrés, de 50 años. Y agrega que «no vengo siempre, pero cuando tengo unas monedas de sobra lo hago para probar suerte. ¿Si he ganado? Más he perdido (ríe)».

Están los salones grandes, que tienen muchas máquinas y que se dedican exclusivamente a ese rubro. Pero también están los más chicos, los que funcionan sin el más mínimo glamour entre mercaderías del tipo abarrotes, verduras y pan y en donde la clienta más habitual es la dueña de casa.

Como aquella que, sin entregar su nombre, entró con la bolsa de pan en la mano y que luego de comentar «acá siempre se gana», puso mil pesos en el tragamonedas, pero los terminó perdiendo en pocos minutos.

¿Azar o destreza?

Es la interrogante que por años ha rondado a una práctica que se ha vuelto masiva, y a la que la Asociación Chilena de Casinos de Juegos se ha enfrentado, al considerarlas de azar y, por lo tanto, al margen de la ley.

EL VOCERO

Sergio Alejandro Cortés, vocero y secretario de la Asociación de Operadores de Sala de Juegos Electrónicos de la comuna, conversó ayer con Diario LA REGION. Dice que la pelea con los casinos no es de ahora. Esto viene del año 2015 y se ha incrementado aún más, luego de una querella interpuesta por el alcalde Claudio Rentería, sumándose así a lo sucedido en algunas comunas de Santiago y el país.

«El edil llevó una propuesta al concejo municipal para derogar la ordenanza por la cual están reguladas las salas de juego, pero perdió por 7-1».

Recuerda que «Le dijeron que no, que la ordenanza tenía que continuar por la cual se regula esta actividad. Luego, le solicitamos al concejo implementar unas mesas de trabajo para tratar de regular de manera más eficiente esta actividad y fue así que tuvimos cerca de cinco mesas de trabajo donde llevamos una nueva ordenanza con nuevos puntos, pese a que la Contraloría objetó que se pagase aparte la patente, un pago por cuota variable de acuerdo a la cantidad de máquinas por sala, a lo que nosotros estábamos dispuestos. Y eso, sabe, lo habíamos convenido, pero cuando expusimos en el concejo los resultados de estas mesas de trabajo, el alcalde jamás lo validó y jamás se pronunció, pese que tiene la potestad para haber llegado a esos términos que habíamos conversado con los concejales».

Es más. Explica Cortés que durante el mes de octubre del año pasado, «el alcalde se pronunció en que nuevamente iba a activar las clausuras y yo hice llegar, por acuerdo de la asociación, una carta a los concejales indicándoles que era muy imprudente volver a elaboarar decretos de clausuras, porque en las semanas anteriores el subsecretario de Hacienda había indicado que se iba a legislar. Por un lado dicen que se prohibirá, por otro que no, y notros por intermedio de las diferentes asociaciones gremiales aún no hemos expuesto en la comisión».

La constitución nos favorece

Como gremio saben muy bien que el parlamento sí puede prohibir estos locales, pero también son tajantes en señalar que «la constitución nos favorece, puesto que no puede existir monopolio y estamos firmes y también está el Tribunal Constitucional, en donde tenemos que hacer valer esas leyes que a nosotros nos amparan. Creemos que la entretención no puede ser facultad de un solo organismo, sino que deben haber otras instancias en donde la gente pueda tener el derecho a entretenerse no solamente en un casino, sino que también en otros lugares».

En varias comunas el concejo municipal las ha regulado y la actividad no ha tenido ningún problema en desenvolverse. Pero el problema, sostiene Cortés, «es que esto no se ha legislado para delimitar, regular. Creemos que es inconsecuente que existan más de 60 salas en una comuna y pensamos que debe haber un límite, horarios, típicos de comercio y en eso, nosotros estamos totalmente de acuerdo».

Por ejemplo, reconoce que en la comuna, en el año 2014, habían 17 salas funcionando y que ahora solamente existen 11.

«Bajaron justamente por el casino, cuando se instaló. En este minuto nosotros tenemos al cliente de bajos recursos y que no tiene la capacidad de ir a pagar al casino, así que esos aspectos son muy importantes cuando nosotros tengamos que ir al senado y entregar nuestros puntos de vista. Creemos que es compatible que operen los casinos y estos locales como sí ocurre en muchas otras comunas del país. Pero sí, hay que regular. En ese sentido estamos de acuerdo en que no puede haber una máquina instalada en un almacén de otro giro y que estén expuestas a la llega de la persona que va a comprar, por ejemplo, el pan».

En la asociación, además, son enfáticos en indicar que el alcalde «indudablemente ha sido tozudo, porque jamás nos quiso recibir y en esas reuniones que hicimos con los concejales estuvo solamente su asesor jurídico y su jefe del departamento de renta y patente, en donde se le traspasó la información, pero después se negó a recoger esos acuerdos y tampoco nunca nos quiso recibir, siendo que antes que llegase el tema del casino trabajó con nosotros y hasta les auspiciamos campeonatos deportivos. Cuando se instaló el casino el alcalde cambió la perspectiva. ¿Sabe? Antes, en algunas actividades, fuimos socios, en el buen sentido de la palabra. Pero él tomo una postura y nosotros nos defendimos jurídicamente cuando congeló las patentes, aunque después las tuvo que dar».

Para Sergio Cortés sin duda que los más perjudicados a la hora del cierre son los estudiantes, quienes compatibilizan sus horarios y estudios, pero también las mujeres, las dueñas de casas, que trabajan con ellos y son, en algunos casos, el único ingreso familiar. «Lo importante es que hemos tenido respaldo parlamentario básicamente por el tema laboral. Cuando hablamos con ellos nos dieron el apoyo en el sentido de que esta actividad, mientras no sé legisle, no tiene por qué prohibirse. Es que tenemos cerca de 200 personas que trabajan directa e indirectamente y principalmente son mujeres, jefas de hogar y estudiantes, quienes serían los más dañados a la hora de un cierre».