El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires oficializó la implementación de pagos electrónicos mediante código QR para realizar apuestas en agencias oficiales, hipódromos y salas de juego. La iniciativa establece un esquema digital obligatorio en un sector históricamente dominado por el efectivo, con el objetivo de optimizar el seguimiento de los flujos de dinero y aumentar la transparencia de las operaciones.

El sistema funcionará a través de QR interoperable vinculado a cuentas bancarias o tarjetas de débito. Según el organismo, la medida busca reducir los niveles de opacidad en las transacciones y reforzar los mecanismos de control, en línea con la normativa nacional que exige la aceptación de medios de pago electrónicos en actividades de consumo masivo.

Evasión, lavado y fondos sociales bajo control

El gobierno bonaerense apunta a profundizar la bancarización del juego y, al mismo tiempo, limitar prácticas asociadas a la evasión fiscal, el lavado de activos y el uso indebido de fondos provenientes de programas sociales. En este contexto, la trazabilidad que habilita el sistema digital se posiciona como una herramienta clave para detectar movimientos sospechosos que antes quedaban fuera del alcance de los controles.

Asimismo, la digitalización permitirá un monitoreo más preciso del comportamiento de los usuarios y la eventual aplicación de límites de apuesta, en línea con políticas de prevención de la ludopatía. De este modo, la medida incorpora también una dimensión vinculada a la salud pública dentro del marco regulatorio del juego.

Avance regulatorio en un contexto institucional particular

La reglamentación fue aprobada por las áreas técnicas y legales del Instituto en un escenario institucional marcado por la vacancia de la Secretaría Ejecutiva. Esto subraya que la iniciativa avanzó sin una conducción política formalmente designada al frente del organismo.

La implementación del QR obligatorio se inscribe en una tendencia más amplia hacia la digitalización y bancarización de sectores con alta circulación de efectivo, consolidando el uso de herramientas tecnológicas como eje del control estatal en actividades económicas sensibles.