En efecto, cuatro personas que asisten regularmente al lugar a jugar póker pidieron investigar el hecho, luego de que el miércoles -en la madrugada- descubrieran cartas repetidas e incluso mazos de 51 cartas y no las 52 que deben ser, haciendo imposible poder acceder a alguno de los premios, según denunciaron.

Esto es lo que ocurrió, de acuerdo al relato de Cristian González, agregando que al pedir revisar el resto de la baraja se percataron que no era la única irregularidad, pues en la del crupier habían -de nuevo- dos cartas más repetidas.

La acción legal, patrocinada por el abogado Abelardo Landeros, fue ingresada en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, pidiendo la investigación por fraude de parte del Ministerio Público.

Según la denuncia, desde el casino ofrecieron reparaciones a modo de reponer la pérdida de dinero de los clientes, indicando, Francisco Troncoso -uno de los denunciantes- que se plantearon sumas de entre 200 mil y 500 mil pesos, oferta que fue reiterada ayer jueves.

Las pruebas recopiladas durante el incidente confirmaron las sospechas que tenían sobre las irregularidades para evitar la entrega de premios, sostuvo Francisco Chamorro, otro de los que realizaron la denuncia.

Carlos Concha, gerente general de Marina del Sol, admitió que hubo un error en el caso de los denunciantes con los sistemas de control de la baraja, por el que se tomaron medidas internas y se informó además a la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ).

“No se percató la supervisión ni el crupier de que habían dos cartas repetidas, eso quedó en evidencia (…), y generó una solicitud de estos jugadores a hacer una revisión”, aseguró.

Superintendencia de Casinos de Juegos

Mediante un comunicado, la Superintendencia de Casinos de Juegos señaló que tomó conocimiento de hechos que podrían dar cuenta de irregularidades en la sala de juegos de Marina del Sol, esto a través de una carta ingresada por la oficina de partes este viernes 18 de enero.

Además, el organismo anunció que oficiará al casino para obtener mayores antecedentes, sin perjuicio de llevar a cabo una fiscalización en terreno en caso de estimarlo necesario.

Una vez analizada la situación con todos los antecedentes, la SCJ adoptará los cursos de acción correspondientes, sin descartar el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio.

Lo anterior, con la finalidad de determinar eventuales responsabilidades administrativas por parte de la sociedad operadora.