El 3 de octubre de 2024, la FNE presentó un requerimiento por presunta colusión en contra de Dreams, Enjoy e Inversiones Marina del Sol, acusándolas de haber ejecutado un acuerdo para repartirse las plazas en los procesos licitatorios de casinos convocados por la SCJ en 2020 y 2021. Según la fiscalía, este pacto habría afectado “el resultado de las licitaciones con una duración de quince años”.

En su requerimiento, la Fiscalía pidió al TDLC que aplique multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones y que, además, ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos, extendiendo su vigencia sólo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo.

Las mayores multas que pidió la FNE fueron solicitadas para Dreams, con 126.806 UTA (aproximadamente US$ 112,4 millones); y para Enjoy, con 41.498 UTA (casi US$ 36,8 millones). Respecto a los directivos requeridos, la FNE pidió el pago de 1.218 UTA (aproximadamente US$ 1 millón) en el caso del gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; 941 UTA para el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer (cerca de US$ 834 mil); 761 UTA (unos US$ 674 mil) para el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y, 130 UTA (casi US$ 115 mil) para el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber.

El conglomerado que arremete en el TDLC fue fundado por los hermanos chilenos Luis y Lientur Fuentealba Meier, quienes establecieron su base corporativa en Perú a través de Corporación Meier SAC, holding que agrupa sus operaciones en distintos rubros, principalmente ligados al entretenimiento. La compañía ha desarrollado actividades en sectores como casinos, hotelería, agroindustria y operación de máquinas de azar en terceros, con presencia en países como Perú, Chile, Argentina, Ecuador, México y Paraguay.

El Grupo Meier también plantea una solicitud alternativa: que el tribunal prohíba a estas empresas financiar sus postulaciones “con recursos provenientes de la explotación de los permisos adjudicados en los procesos de licitación 2020 y 2021”, lo que a su juicio representaría una ventaja desleal derivada de la colusión que investiga la FNE, según consigna La Tercera.

También señala que, de no tomarse estas medidas, “se arriesga que las consecuencias del caso de colusión se extiendan artificialmente a licitaciones posteriores, perpetuando los efectos de dicha práctica anticompetitiva”.

Además, acusa que las empresas involucradas han presentado ofertas artificialmente altas en licitaciones recientes gracias a las “rentas sobrenormales” obtenidas mediante el acuerdo colusorio. Por ejemplo, en la plaza de Talca, Dreams presentó una oferta de 40.778 UF, casi cuatro veces mayor a la de Gran Casino de Talca, lo que, según el grupo Meier, “no tiene, y no podría tener, racionalidad económica alguna, salvo el hecho de poder subsidiar su operación”.

“Las rentas sobrenormales obtenidas por las Empresas Requeridas les permitirá subsidiar artificialmente sus ofertas”, afirman los representantes del Grupo Meier, lo que, según advierten, les impide competir en mérito en futuras licitaciones.

Frente a la solicitud de Grupo Meier, la empresa Dreams, la más afectada por los millonarios cargos de la Fiscalía, respondió ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia solicitando “que la medida sea rechazada por ser improcedente, injustificada y desproporcionada”. Según el escrito, la petición “no busca resguardar el interés común sino que obedece a un interés comercial, estratégico e individual de las solicitantes”.

Dreams alegó que “la mera afirmación de eventuales consecuencias perjudiciales o la sola existencia de una acusación en contra de nuestra representada no constituye, por sí sola, un antecedente que permita sostener que el derecho invocado tiene verosimilitud suficiente como para justificar una intervención cautelar”. Asimismo, acusó que la medida “provocará una afectación grave a la libre competencia”, ya que “la intención de las Solicitantes de excluir a Dreams y a las otras requeridas de los futuros procesos de licitación es equivalente a eliminar permanente e injustificadamente a tres competidores de la industria”.

Además, advirtió que con esta solicitud “las Solicitantes buscan producir, por vía cautelar, efectos más gravosos que una potencial sanción definitiva”, lo que, a juicio de la empresa, “contraviene el carácter instrumental y provisional de las medidas cautelares”. Y concluyó que esta acción no persigue proteger la competencia, sino que “busca precisamente eliminar competencia del mercado, dejando fuera a tres de los actores de la industria en los próximos procesos de licitación”.