En el último tramo del año pasado, la gobernadora María Eugenia Vidal sorprendió con una medida que incluyó en el proyecto de ley Impositiva: incorporó un artículo para cobrar una contribución de entre el 1 y el 3 por ciento sobre los premios que pagan las máquinas tragamonedas.

Esa decisión que según estimaciones oficiales le iba a reportar a las arcas del Estado unos 6 mil millones de pesos al año comenzó a regir desde enero, pero en las últimas horas encontró un freno en la Justicia. Es que a partir del planteo de un apostador, un tribunal de San Martín dictó una medida cautelar que frenó la aplicación de la nueva imposición.

La demanda fue promovida por Julián Erdocia, un asiduo concurrente a la sala de bingo de San Martín. Erdocia atacó la resolución del Instituto de Lotería bonaerense y sostuvo que si bien la base imponible del tributo era en principio el premio otorgado por la máquina, “en la implementación práctica esto no es así ya que el aporte que debe ingresarse se retiene de los tickets que las máquinas expiden, sea que se haya ganado como que se haya perdido en la apuesta, o incluso en los casos en los que no se hubiese apostado”.

Y añade que en el artículo 3 de la reglamentación dictada por Lotería se dispone que hasta tanto no se encuentre desarrollada definitivamente la solución tecnológica que permita ingresar el aporte sobre los premios, se tomará como base imponible el total de los tickets pagados y declarados por cada sala. Frente a esto, planteó la inconstitucionalidad de la resolución de Lotería.

Ante la presentación, el juzgado en lo Contencioso Administrativo de San Martín, sin expedirse sobre la cuestión de fondo, dictó una medida cautelar suspendiendo la aplicación del tributo hasta tanto Lotería perfeccione un sistema que permita aplicarlo sólo sobre los premios que pagan las tragamonedas.

RESOLUCION

De esta forma, el organismo provincial dictó una nueva resolución para adecuarse al fallo y suspender la aplicación del impuesto “hasta tanto se determine un mecanismo fáctico, material y técnico que permita percibir el impuesto previsto”.

El impuesto a la recaudación de las tragamonedas fue tramitado en la Ley Impositiva que se negocia y se aprueba junto al Presupuesto de la Provincia y que, como se dijo, comenzó a regir este año. Por entonces, desde el gobierno calculaban que generaría unos 6.000 millones de pesos para las arcas del Estado bonaerense.

Esos recursos iban a formar parte de un fondo destinado a municipios y para asistencia social.

En forma paralela a esa iniciativa ahora frenada en la Justicia, el gobierno bonaerense avanzó con otro proyecto para legalizar el juego online.

JUEGO ON LINE

La reglamentación del juego online abría una vía de ingreso de fondos al Estado bonaerense a través del cobro del 15% de Ingresos Brutos y un canon del 34% a las empresas. Según algunas estimaciones el negocio dejaría unos 5.000 millones para la Provincia

Vidal consiguió el apoyo en el massismo y el peronismo de los intendentes para aprobar ese proyecto en la Legislatura. Sin embargo, la licitación se fue demorando en sintonía con los cuestionamientos que realizaba la Iglesia.

En medio de esos tironeos, la adjudicación del juego online quedó frenada, por lo que su futuro parece haber quedado en manos del gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre.