Los casinos de Cirsa nancian al independentismo catalán con casi un millón de euros

Aunque los portavoces de Cirsa niegan que el dinero entregado en concepto de donación tuviera una contrapartida, lo cierto es que salió de las arcas de la empresa del clan Lao justo después de que recibiera el visto bueno de la administración catalana a la adquisición de una fábrica ubicada en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) por el simbólico precio de un euro y que era propiedad de la empresa Sharp, tal como informó El País.

En el sumario del caso ITV se pone de maniesto que el cierre de Sharp fue uno de los primeros sucesos que implicaron a Oriol Pujol con el entonces gobierno de Artur Mas. El responsable de la consultora Alta Partners, Sergi Alsina (íntimo de Oriol Pujol) intervino en la venta de la fábrica por encargo de la Generalitat. El objetivo era salvar una parte de los empleos y entregar prácticamente gratis la infraestructura a Cirsa.

La empresa de la familia Lao se deende indicando que la operación fue fruto de “una relación bilateral entre dos grupos multinacionales”, aunque la realidad es que al mismo tiempo que se negociaba el traspaso de la fábrica (en el año 2011) la empresa comenzó a realizar donaciones anuales a dos de los organismos investigados por la nanciación ilegal de CDC: CatDem y Barcelona Fórum. La última fue en 2015 y, entre las dos, recibieron 900.000 euros.

“La decisión de realizar donaciones forma parte de la dinámica empresarial propia de cualquier sector. Deben entenderse en un marco de contribuciones que la compañía realiza en cualquier ámbito  público y privado, relacionados con la sociedad civil y la administración pública. Este tipo de contribución es absolutamente legal y completamente desvinculada de cualquier operación empresarial entre dos corporaciones privadas”, señala Cirsa.

Sin embargo los hechos son tozudos y la compañía admite que se reunió con el que era recaudador ocial de CDC: el ex consejero de Justicia de la Generalitat, Germá Gordó, que se reunía con empresarios donantes del partido, según la investigación del “caso 3%” realizada por la Guardia Civil. El dinero recaudado servía para sufragar el independentismo y se cobraba a cambio de concesiones discrecionales de obras públicas e infraestructuras.

Cirsa admite que las reuniones con Gordó se produjeron cuando este político era secretario de la Generalitat pero aclara que los encuentros no tuvieron nada de irregular, sino que se celebraron “para garantizar un marco jurídico estable y una valoración de la industria del juego como sector clave de la actividad económica”.