En su exposición de una hora desde la tribuna parlamentaria, pidió reformas  y adiciones a la Constitución estatal y las Leyes de Desarrollo Urbano, Reglamentaria para Establecimiento de Bebidas Alcohólicas, Seguridad Pública, Salud, Protección Civil y de Hacienda.

Apenas en  junio del 2017 los mismos legisladores prohibieron los negocios de cualquier tipo de apuestas y giros, además de aquellos “en que personas realicen actos de exhibicionismo con fines lascivos y sexuales”, los conocidos como “tabledances”.

El proyecto propone crear dos impuestos estatales: De juegos con cruce de apuestas y participación en juegos con apuestas.

De aprobarse por los diputados, pagarán aquellos que paguen por entrar en cualquier juego de lotería, máquinas, deportivos a larga distancia, y también los que ganen.

El gravamen para los primeros es del 10 por ciento sobre la cantidad de lo que apuesten, y a los segundos el 6 por ciento de lo que ingresen.

Como retenedores del impuesto serán autorizados los operadores de cada negocio, sea persona física o moral, para transferir mensualmente los recursos a la secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, rendir un informe trimestral y otro anual.

Se habla de casinos, casas de juego y centros de apuestas, salas de sorteo  y loterías de cualquier tipo.

Igual, la iniciativa menciona que los negocios tendrán que presentar a la autoridad una relación de los apostadores.

El documento pide la creación de un registro estatal de máquinas de  juego, equipos y terminales a distancia para evitar que cunda el  desorden  y la posible incursión de recursos ilícitos.

A través del artículo 134 de  la Carta Estatal y las leyes señaladas se daría el visto bueno a los juegos,  pero no a los centros de baile erótico y prostitución, que se prohibieron desde el 2017.

También habrá ingresos para los ayuntamientos. A través de la Ley de Desarrollo Urbano, se les vuelve a facultar para otorgar permisos de uso de suelo, construcción o remodelación de espacios para los negocios, con el respectivo cobro de impuestos y derechos.

La vigilancia estará a cargo de la Policía Estatal y Policía Auxiliar.

Abordado sobre el tema, el coordinador parlamentario, Glafiro Salinas Mendiola, dijo que van  a revisar la propuesta de su compañero Rangel Vallejo para dar la respectiva dictaminación.

Comentó que se habla de mil 500 empleos directos y cinco mil indirectos generados a través de estos negocios y ellos, como legisladores, jamás se opondrán a la generación de plazas ocupacionales.

Otra iniciativa fue leída por el  diputado Osar Martín Ramos Salinas, del PANAL, en que pide reformas a la Ley de los Servidores Públicos del Estado para otorgar hasta cuatro meses de vacaciones a las mujeres embarazadas, uno antes del parto y tres posteriores.

Ramos subió dos veces a tribuna. Su segunda propuesta fue para exhortar a  las secretarías de Educación y Seguridad Pública, a que firmen convenios de coordinación para implementar acciones y protocolos de seguridad en los planteles escolares.

APRUEBAN LA FISCALIA GENERAL DE TAMAULIPAS

En dictámenes, la legislatura aprobó la creación de la Fiscalía General del Estado cuyo titular será nombrado mediante convocatoria pública, y en que podrá participar el actual Procurador.

Al documento inicial dictaminado en Comisiones se le hicieron algunos cambios.

El PRI, a través de su coordinador Alejandro Etienne Llano pidió y le fue aprobado, que el Fiscal Especializado en  Combate a la Corrupción no sea candidato  a reelegirse y tampoco reciba un “haber de retiro” (indemnización) al final de su encargo.

En cambio le fue negada la observación de no permitir la participación del Procurador Irving Barrios Mojica en el  proceso para designar al Fiscal.

Aprobó el pleno que, en  lugar del Gobernador del Estado, sea el titular del organismo autónomo el que proponga a los Fiscales Especializados en Delitos Electorales y  de Asuntos Internos.

No obstante, seguirá siendo el Congreso, por votación de dos terceras partes de sus miembros, el que decida sobre los nombramientos.

Quedó plasmado que el Fiscal deberá rendir un informe anual de actividades ante el Poder Legislativo, en que agregará los proyectos de trabajo.

Después que las reformas a la Constitución se publiquen en el  Periódico Oficial del Estado, en un plazo de 180 días deberá expedirse la Ley Orgánica de la Fiscalía General, para dar paso además al Consejo de Participación Ciudadana que tendrá consejeros con carácter de honorario.