Mallorca acuerda una moratoria de dos años en licencias de salas de juego

El Govern apunta en su exposición de motivos para decretar esta moratoria que «la pandemia de la covid-19 ha hecho incrementar la demanda de diversos estamentos sociales para que las administraciones públicas traten el posible efecto adictivo de las conductas derivadas de la práctica del juego de azar».

Por este motivo, el Ejecutivo propone que durante esta moratoria se realice un análisis riguroso de cómo se debe regular el juego para minimizar el impacto de las adicciones. Entre otras cosas, se quiere evitar la instalación de establecimientos de juego a menos de 500 metros de colegios y centros educativos.

Esta moratoria se ha establecido para evitar una avalancha de solicitudes de licencia para instalar salones de juego mientras la conselleria de Transición Energética y Memoria Democrática, que dirige el vicepresidente Juan Pedro Yllanes, está elaborando la nueva Ley del Juego. Según fuentes del Govern, la norma está bastante avanzada y, por ello, existía el temor de que las empresas de juego empezaran a solicitar licencias antes de su aprobación.

Esta modificación del decreto ley de medidas urgentes contra la covid, aprobado en julio de 2020, se estableció como una ley ómnibus, que engloba medidas de muy diferente índole. Es por ello que desde el PP lo calificaron como «decreto tutti frutti». Su contenido pasó desapercibido ya que fue presentado por el Govern en plenas fiestas de Navidad y justo después de la aprobación de los presupuestos de 2022.

La portavoz de Cs, Patricia Guasp, arremetió contra las formas del Govern, que consideró como la «perversión del sistema legislativo». «La competencia del Parlament es legislar, y no solo validar semana tras semana los decretos del Govern», indicó Guasp.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, pese a apoyar la modificación del decreto, criticó al Ejecutivo: «Se podían hacer bien las cosas y se han hecho mal», aseveró.

Pablo Jesús Jiménez

El Govern vio ayer cómo el decreto tendrá que tramitarse como ley, pese a que tras su validación ya está en vigor. Si se hubiera aprobado de forma directa no sería necesaria una tramitación parlamentaria y ahora se podrán presentar enmiendas y modificar su contenido. Lo que ocurre es que el Pacto no contaba con los votos suficientes para aprobarlo de forma directa. Entre otras cosas, el diputado de Izquierda Unida integrado en Podemos, Pablo Jesús Jiménez, no estaba dispuesto a apoyarlo.

Declaración responsable Para rehabilitación de edificios

El Govern, con el decreto validado ayer por el Parlament, también introduce la posibilidad de obtener la licencia de obras para la rehabilitación de edificios con la declaración responsable del promotor. Ello agilizará los trámites, ya que el Govern calcula que en los próximos años se pueden rehabilitar hasta 3.900 edificios en las islas para dotarlos de mayor eficiencia energética, así como viviendas sociales incluidas en el Plan de Recuperación. Ello supondrá una inversión que superará los 28 millones de euros y será una vía crucial para la recuperación económica mediante el sector de la construcción.