El gobierno federal de México incorporará a representantes de la industria del juego en la revisión y actualización de la Ley de Juegos y Sorteos, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria señaló que la normativa actual ha quedado rebasada por el crecimiento de las plataformas digitales y los riesgos de lavado de dinero asociados a estas modalidades.

Sheinbaum explicó en su conferencia matutina que el objetivo es modernizar el marco legal para impedir que casinos y sitios de apuestas se utilicen para operaciones ilícitas. El proceso, indicó, seguirá un modelo similar al empleado en la reforma de la Ley de Aduanas, con mesas de trabajo previas a la presentación de la iniciativa final.

La presidenta destacó que la regulación vigente no cubre adecuadamente las apuestas en línea, lo que genera un vacío legal que facilita movimientos electrónicos difíciles de rastrear. Además, subrayó la importancia de reforzar la información al público sobre los riesgos de la ludopatía y fortalecer los controles contra transacciones financieras irregulares.

Recordó que recientemente se anunció el bloqueo y congelamiento de cuentas de 13 establecimientos y plataformas de apuestas presuntamente vinculadas con lavado de dinero. Una vez concluido el proceso, dijo, se detallará el monto del capital involucrado. También mencionó que diversas sanciones impuestas por Estados Unidos a casas de juego en México coinciden con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, como parte de la cooperación entre ambos países.

Revisión del Sistema Nacional Anticorrupción

Sheinbaum afirmó que es necesario revisar a fondo el Sistema Nacional Anticorrupción, al considerar que su diseño actual “no está funcionando a plenitud”. Recordó que este modelo fue creado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con una estructura compleja que prometía eficacia contra la corrupción.

La presidenta señaló que la dispersión de facultades es uno de los aspectos que debe analizarse para determinar si el sistema contribuye realmente a combatir la impunidad. Consideró que este es un momento oportuno para ajustar el modelo y garantizar sanciones efectivas ante cualquier acto de corrupción.