Obispos de Filipinas se oponen a la instalación de casinos

El mar es de un azul turquesa hasta donde alcanza la vista. Una arena blanca y fina. Un escenario de ensueño del que disfrutan 33,000 habitantes... que, sin embargo, tienen que compartir la vista con casi dos millones de turistas cada año.

Los filipinos que vacacionan en Boracay representan una verdadera ganancia financiera que el estado no puede dejar escapar.

Por tanto, en agosto de 2021, el gobierno presidido por Rodrigo Duterte decidió levantar la suspensión, hasta entonces vigente, respecto a la instalación de casinos en islas vacacionales: la pandemia de Covid-19 ha causado estragos, y las arcas del Estado están vacías...

Esta decisión no contaba con la respuesta de varios obispos de la región de Boracay, decididos a no permitir que se corrompan las costumbres de su rebaño, en un país donde el catolicismo es profesado por más del ochenta por ciento de la población total.

El 4 de octubre, los ordinarios de Jaro, San José de Antique y Bacolod cofirmaron un escrito para disuadir a las autoridades de llevar a cabo su proyecto.

Para ellos, no hay duda de que los casinos, en Boracay y en otros lugares, amenazan los valores familiares y el estilo de vida sencillo de los católicos de la región: "¿es preciso saber cuántas personas y familias han sido destruidas a causa del juego? Todo esto allanará el camino para estilos de vida y hábitos destructivos", señalaron.

Los firmantes también advierten sobre las consecuencias inherentes al juego: "Las estadísticas muestran que las familias en las que al menos uno de los padres juega compulsivamente tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia doméstica, incluida la violencia contra los niños.

"Más del 80% de los jugadores con problemas se vuelven adictos al alcohol o las drogas, y la mitad de los jugadores con problemas cometen delitos".

Los prelados filipinos también instaron a los católicos a no dejarse cegar por los ingresos fiscales que el gobierno pretende generar a través de los casinos, sino a tener en cuenta la importancia de los valores y la vida familiar: "los riesgos del daño superan con creces los beneficios esperados", señalaron. 

Aunque no están "en contra del progreso social", los obispos piden "un desarrollo sostenible e integral, genuinamente justo y para el bien común", afirman al final de su carta abierta.

Este escrito cofirmado por los prelados se produce precisamente cuando la temporada de elecciones comenzó el 1 de octubre en Filipinas, con varios miles de candidatos postulándose para cargos que van desde presidente hasta concejal municipal.

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, quien no ha escatimado en sus críticas al episcopado filipino desde el inicio de su presidencia, ha anunciado su inminente retirada de la vida política, dejando el camino abierto para que su hija eventualmente lo suceda a la cabeza del país. De todos modos, no puede ser reelegido, ya que la constitución del país prohíbe ejecutar más de un mandato.