La iniciativa, impulsada por los populares, ha sido aprobada por unanimidad, es decir, con el voto a favor también de los socialistas.

El diputado popular Pere Lluís Huguet ha explicado que reclamaron al Govern que les trasladara el informe jurídico en el que figuraban las sumas por posibles responsabilidades patrimoniales en el caso de que se desbaratara el macrocasino y que había sido publicado por la prensa en alusión a la información que adelantó este diario el 8 de enero. “Efectivamente, se nos dio un informe pero curiosamente sin el anexo que es donde figuran las responsabilidades. El diccionario dice que anexo es algo que está unido y agregado. Jugar a que como está en el anexo no te lo doy es ocultar información y es extraordinariamente grave en cuanto a la falta de transparencia y nos hace perder la confianza en el Govern”, ha afirmado el parlamentario.

En su breve intervención, Huguet ha sostenido que no podían reclamar en su petición explícitamente el anexo porque no sabían que existía. “Queremos que se nos explique por qué se nos ocultó. Aun no se nos ha facilitado”, ha insistido el popular. La diputada socialista Eva Candela ha asegurado que la consejera quiere comparecer en la sesión informativa y dejar “patente” que no han ocultado ninguna información. Tras la comisión, el PP ha difundido una nota en la que exige al Govern su posición sobre el proyecto. “En la comparecencia debe aclarar también si está o no está a favor de este proyecto y, en consecuencia, si lo van a sacar adelante porque, hasta la fecha, parece que lo que busca es que los promotores se cansen y abandonen aunque nos cueste millones”, ha afirmado.

Los socialistas condicionaron los presupuestos de 2023 del president Pere Aragonès a la continuidad del proyecto del macrocasino y volvieron a poner ese requisito sobre la mesa en los de 2024 que finalmente no prosperaron por el voto en contra de los comunes. Ahora, sin embargo, el Govern de Salvador Illa se limita a decir que está cumpliendo sus compromisos con los socios de investidura de haber modificado la ley del Hard Rock que permitía a sus propietarios gozar de ventajas fiscales en la tributación del juego.

El revuelo por el informe trascendió el pasado 27 de enero cuando la CUP dijo que frenar el macrocasino no comportaba ningún gasto público y que, por tanto, el Govern no podía acogerse a una supuesta penalización para no desbaratarlo. El PP formuló una pregunta similar. Sin embargo, en esa respuesta el Govern solo facilitó 37 de las 92 páginas del documento obviando el anexo. Paneque insistió aquel día en que no ocultaron nada a los grupos, que no les concernían informes encargados por otro Govern y que actuaron con “transparencia”. Los comunes apuntaron entonces que reclamarían la comparecencia de Paneque ante el “desbarajuste de informes” en alusión a que el Govern pidió otro informe medioambiental sobre el proyecto al sostener que el que elaboró la administración de Aragonès no está firmado.