Polémica en Chile: SCJ declara desiertos los permisos de operación en Coyhaique y Ancud y abre nuevo proceso de licitación

La Superintendencia de Casinos de Juego de Chile (SCJ) informó que los procesos de permisos de operación en Coyhaique y Ancud quedaron desiertos, tras determinar incumplimientos legales y reglamentarios en todas las ofertas técnicas presentadas. Esta decisión genera incertidumbre sobre el futuro del Casino Dreams Coyhaique, que constituye una fuente laboral clave y un importante centro hotelero para la región.

La SCJ aclaró que, según la Ley N° 19.995 y su normativa reglamentaria, no se implementarán accesos rápidos ni requisitos reducidos para futuros solicitantes. El incumplimiento de los requisitos de las bases técnicas constituye causa expresa para detener la evaluación técnica, por lo que ambos procesos fueron declarados desiertos.

Casino Dreams Coyhaique seguirá funcionando provisoriamente

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, aseguró que el casino actual continuará operando hasta que se adjudique a un oferente que cumpla con todas las condiciones, sea el mismo que postule nuevamente u otro que cumpla con el reglamento. Esto busca garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y mantener los ingresos municipales y regionales, esenciales para el presupuesto de la comuna y el Gobierno Regional de Aysén.

Según datos de la SCJ, durante el primer semestre de 2025 el Casino Dreams Coyhaique pagó 226,3 millones de pesos a la Municipalidad de Coyhaique y la misma cifra al GORE Aysén, alcanzando 329,9 millones hasta septiembre de 2025. El alcalde destacó que estos ingresos son un aporte significativo al presupuesto local, estimado entre 400 y 450 millones de pesos anuales según la operación del casino.

Nuevo proceso de licitación nacional

La SCJ anunció que se iniciará un nuevo proceso de licitación o otorgamiento de permisos para ambas ciudades. Las empresas interesadas deberán ajustar sus propuestas a las falencias detectadas en la primera ronda y cumplir estrictamente con las bases técnicas. El proceso es supervisado a nivel nacional por la Superintendencia, no por la municipalidad ni el gobierno regional.