El proceso de licitación, auspiciado por el Instituto Portugués de Turismo, para la concesión exclusiva para la explotación de juegos de azar en estas tres zonas de Portugal abarca los casinos de Espinho, Póvoa de Varzim, Vilamoura, Monte Gordo y Portimão (Casino del Algarve).

Se pueden presentar propuestas hasta el 5 de septiembre, según la información publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. La decisión de adjudicar el contrato fue tomada por el Ministro de Economía y Cohesión Territorial mediante orden de 23 de junio.

El concurso lo lleva a cabo un jurado compuesto por tres miembros titulares y dos suplentes, designados por la Comisión del Juego. La adjudicación se realizará según la propuesta económicamente más ventajosa, en un formato multifactorial, considerando los valores de la contribución anual fija y la contribución anual mínima, así como el porcentaje de los ingresos brutos del juego operado en los casinos.

El grupo Estoril Sol, a través de Varzim Sol, actualmente posee la concesión del casino de Póvoa de Varzim, así como de los casinos de Estoril y Lisboa. En el caso de Espinho y el Algarve, la concesión está en manos del grupo Solverde, que también posee la concesión del casino de Chaves.

La concesión de Solverde para el casino de Espinho, que atrajo la atención mediática este año y estuvo en el centro de la controversia debido a su vínculo con la empresa familiar de Luís Montenegro (Spinumviva), finaliza en diciembre. Esto se debe a que se prorrogó tras la pandemia, según lo establecido por el Ejecutivo para compensar a las empresas que tuvieron que cerrar durante los confinamientos. Es como si el Estado hubiera ofrecido los dos años de la COVID-19 (2020 y 2021) a los operadores de juegos de azar.

Tanto la zona de juego de Espinho, el Algarve, como Póvoa de Varzim se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2025. En el caso de Estoril y Figueira da Foz (Sociedade Figueira Praia, propiedad de Amorim Turismo), ya tenían derecho a un año adicional antes que los demás, dado que sus respectivas concesiones finalizaron en diciembre de 2020 y el concurso no se convocó.

"La negociación de contratos de concesión involucra a varias entidades, además del gobierno y el operador de juegos de azar. El Servicio de Regulación e Inspección del Juego (SRIJ) desempeña un papel fundamental en la supervisión del cumplimiento de las normas legales y regulatorias. El Ministerio de Hacienda evalúa la compensación financiera y el impacto fiscal, mientras que el Tribunal de Cuentas puede intervenir para garantizar que no se perjudique el erario público. En caso de duda sobre la competencia en el sector, la Autoridad de Competencia puede intervenir para prevenir prácticas monopolísticas o favoritismo indebido», explicó el abogado Gonçalo Oliveira Martins.

Casinos actualmente funcionando en Portugal

Actualmente, Portugal cuenta con un total de 12 casinos y una sala de máquinas de juego en funcionamiento. Estos son: Casino de São Miguel, Casino de Vilamoura, Casino de Monte Gordo, Casino de Portimão, Casino de Espinho, Casino de Figueira da Foz, Casino de Estoril, Casino de Lisboa, Casino de Póvoa de Varzim, Casino de Tróia, Casino de Chaves y Casino de Madeira. Estas son las entidades que, como contraprestación por la concesión para operar juegos de azar, deben pagar una compensación financiera. 

Fuentes vinculadas a este sector han cuestionado si la supervisión del juego por parte del Instituto Portugués de Turismo sigue teniendo sentido en la era del juego online. Señalan que la responsabilidad recayó en la institución de promoción turística en 2012 debido a la historia negativa del juego, asociado únicamente con la adicción, y que debía vincularse más estrechamente con el bienestar y el lujo.

Al ser preguntado sobre posibles cambios en la supervisión del juego, el experto Gonçalo Oliveira Martins aclara que «existen propuestas para que esta supervisión se transfiera al Ministerio de Hacienda, dado el impacto fiscal del sector, o al Ministerio de Justicia o del Interior, debido a la preocupación por el blanqueo de capitales y los delitos relacionados con el juego».

«Otra alternativa sería la creación de un organismo regulador independiente, con mayor autonomía del poder político, que garantice la transparencia y la equidad en la supervisión del sector», sugiere el abogado.

Por Mariana Bandeira