Superintendenta de Casinos habría perdido el apoyo del gobierno

Según fuentes de Gobierno, hasta inicios de este año Villagrán parecía contar con el apoyo irrestricto del Gobierno, pero en los últimos meses las irregularidades en torno a su gestión han mellado ese respaldo y hoy se encontraría prácticamente sola. Ya en marzo, Villagrán habría presentado su renuncia, carta que se encuentra en poder del subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, quien podría tomar una decisión definitiva.

Consecución de polémicas

El primero de estos hechos ocurrió en enero de 2021, cuando la reguladora se vio envuelta en aprietos luego de que decidiera suspender la verificación de las obras del casino de Viña del Mar y no iniciar el cobro de la boleta de garantía. Este recinto debía iniciar sus operaciones el 30 de enero.

Posteriormente, el 4 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó, por una amplia mayoría, el informe final de la Comisión Investigadora de los órganos fiscalizadores de casinos de juego, el estado del grupo Enjoy y el daño a las finanzas locales, que acusó que la señalada superintendencia incumplió su rol fiscalizador.

Tres semanas más tarde, el 25 de marzo, la Contraloría anunció una auditoría al fideicomiso ciego del Presidente Piñera para aclarar si hubo conflicto de intereses. Si bien la investigación descartó esta situación, el ente dirigido por Jorge Bermúdez concluyó que “la SCJ no se ajustó a derecho al suspender el procedimiento de verificación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para el inicio de operación del casino” de la Ciudad Jardín.

Con los antecedentes recabados, el organismo decidió iniciar una auditoría en la SCJ. 

Críticas de la industria

La Cámara de Diputadas y Diputados y la Contraloría no son los únicos que han criticado la labor de la superintendenta. Desde inicios de 2020, la Asociación de Casinos de Juego también ha reprochado la decisión de la autoridad de impulsar un proceso de licitación que no se ajusta a la normativa vigente.

Según los operadores, el proceso debe realizarse de acuerdo al modelo de proyecto integral, es decir, el mejor proyecto obtiene la licencia. Esto está amparado en el artículo tercero transitorio de la Ley 19.995, que señala que “los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación”.

Pese a lo anterior, la SCJ está llevando a cabo la licitación sobre la base del sistema de oferta económica, lo que significa que la sociedad que está dispuesta a pagar más impuestos se queda con el permiso. Este sistema ha sido criticado por su ineficiencia para lograr casinos que logren reemplazar de mejor manera a las concesiones municipales. En efecto, más allá de la pandemia, el sistema de licitación ha fallado en sus objetivos, como ha sucedido en Puerto Varas –en proceso de revocación por no cumplir normas de urbanismo– y en Pucón, donde Enjoy intenta la aprobación de modificaciones al proyecto ofrecido, el cual no logra ajustarse a las bases de la licitación y las normas de urbanismo.

La disputa con la presidenta del Senado

La autoridad también se ha enfrentado con la presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien en 2015 estuvo a cargo de tramitar las modificaciones a la Ley de Casinos en su calidad de ministra Segpres.

El primer round se vivió el 9 de julio de 2020, cuando ambas participaron en una sesión de la Comisión de Economía del Senado, donde se abordó la situación del rubro. En su intervención, la actual presidenta de la Cámara Alta emplazó a la autoridad sectorial a aplicar lo que dice la ley y no a interpretarla.

El choque más intenso, sin embargo, se dio en tribunales meses después. En el marco de un proceso judicial iniciado por la operadora Dreams, la SCJ emitió un informe, en septiembre de 2020, en el que indicó que la senadora Rincón fue “inducida” a entregar la opinión sobre los alcances del artículo tercero transitorio de la Ley 19.995.

Frente a esto, la presidenta del Senado redactó una carta, con fecha 29 de junio, en la que señaló que “es absolutamente improcedente e irregular en extremo que un regulador, en este caso la Superintendencia de Casinos de Juego, se arrogue la facultad de intérprete de las afirmaciones expresadas en una sesión oficial de la comisión de Economía por una senadora titular de dicha instancia y exministra de la cartera que tuvo en su época la coordinación legislativa del gobierno que impulsó precisamente esta ley”.

La senadora sostuvo que la postura de Villagrán solo “tergiversa la verdad en el desempeño y rol de un cargo público ministerial el que la superintendencia sostuviere veladamente una vinculación incompleta de nuestra parte con la discusión legislativa en comento”.

Con todos estos frentes abiertos –informe de la Comisión Investigadora, auditoría de la Contraloría, demandas judiciales por la licitación y una dura disputa con la presidenta del Senado también por la licitación–, su permanencia en el cargo, según fuentes informadas, se torna insostenible.