El litigio que enfrenta a Vidaplan S.A. —sociedad vinculada al ex Hotel Mantra y ex operadora del Casino Nogaró— con la Dirección General de Casinos (DGC) incorporó un giro procesal relevante: la segunda instancia habilitó la introducción de hechos nuevos que la empresa considera centrales para sostener su reclamo por competencia desleal.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1.º turno, que revocó la resolución de la jueza Fabiana Weisz Collazo y permitió avanzar con la incorporación de nueva prueba en el expediente iniciado en 2020.

El cambio: qué habilitó el Tribunal
La Sala entendió que los hechos invocados por Vidaplan cumplen con los requisitos del artículo 121.2 del Código General del Proceso: son posteriores al inicio del juicio, guardan relación con el objeto del litigio y pueden incidir en el derecho reclamado.

“El hecho nuevo debe tener cierta relación con el objeto del proceso”, señala el fallo, que agrega que su peso real deberá evaluarse recién en la sentencia definitiva.

En ese marco, el Tribunal estableció un límite relevante: la etapa de admisión no puede convertirse en un análisis anticipado del fondo. Con ese criterio, consideró que la jueza de primera instancia había incurrido en valoraciones propias de la sentencia final al rechazar la prueba y dispuso que el expediente pasara a un juez subrogante.

El incendio que reconfigura el argumento
El elemento incorporado al caso no pertenece al origen del conflicto, pero puede modificar su lectura: el incendio que afectó Punta Shopping entre 2022 y 2023 y provocó el cierre parcial del centro comercial, con excepción del casino.

Según Vidaplan, ese escenario permitió observar el comportamiento real del mercado: mientras el Casino Nogaró registró una recuperación de ingresos, la sala del shopping registró una caída significativa.

Para la empresa, ese comportamiento evidencia que ambos establecimientos compiten por la misma clientela, uno de los pilares de su demanda.

Un conflicto que combina negocio y política pública
La demanda —por 25 millones de dólares— se originó tras la rescisión del contrato de subarrendamiento del Casino Nogaró en 2020.

Vidaplan sostiene que, a partir de ese momento, la DGC desplegó una estrategia comercial orientada a fortalecer el casino estatal del Punta Shopping en detrimento de su operación.

Desde la vereda opuesta, el Estado ha cuestionado esa interpretación, señalando que no existe competencia desleal entre un operador privado y un casino explotado directamente, y que los hechos invocados ocurrieron años después de la finalización de la relación contractual.

El Tribunal, en esta etapa, evitó entrar en esa discusión y trasladó la definición al fallo de fondo.

Una causa que vuelve a moverse
Con esta resolución interlocutoria, el expediente —uno de los más relevantes del sector de juego en Uruguay— entra en una nueva fase.

Vidaplan podrá incorporar al proceso pruebas vinculadas al incendio y su impacto en ambos casinos, elementos que considera determinantes para demostrar el nexo entre la conducta atribuida a la DGC y los daños reclamados, que incluyen despidos, deudas con proveedores y costos operativos del Nogaró.

El resultado del litigio sigue abierto, pero el fallo redefine el escenario: amplía la base probatoria y desplaza el eje hacia la evaluación concreta de esos hechos en la sentencia definitiva.