Luis González, secretario de SAJUCAL, atendió recientemente a medios generalistas para hacer balance del XVIII Congreso de Juego de Castilla y León, calificando el evento como un “rotundo éxito”. Durante la entrevista en Vive Castilla y León, destacó las ponencias y mesas de debate centradas en la percepción del juego en los medios y los retos del sector.

González recordó que el mercado del juego en la comunidad se ha autorregulado, reduciéndose el número de salones de 129 a aproximadamente 115 en los últimos cinco años. Subrayó que se trata de un sector “muy regulado y que cumple escrupulosamente con toda la normativa”, aportando cerca de 60 millones de euros anuales en tasas e impuestos que financian sanidad, educación y servicios sociales.

Uno de los temas principales del Congreso fue la convivencia entre juego presencial y online. González explicó que mientras el juego presencial está regulado por la Junta de Castilla y León, el online depende del Estado, con diferencias significativas en control y fiscalidad. Destacó que el juego presencial aporta decenas de millones anualmente y garantiza controles estrictos de acceso, evitando la entrada de menores y personas registradas en el registro de prohibidos.

Asimismo, defendió que ambos modelos “pueden coexistir perfectamente, pero con reglas claras y responsabilidad”. Reclamó mayor vigilancia sobre el juego online, más accesible desde dispositivos móviles, y resaltó el esfuerzo del sector presencial por mantener un entorno seguro y responsable. El Congreso, según González, sirve para “debatir, coordinar estrategias y reforzar la imagen de un sector serio y comprometido” con la sociedad.

Sobre la percepción pública del juego, González insistió en que es una actividad legal desde 1977, que genera empleo y riqueza, y que parte de la oposición social proviene de confundir juego presencial con online. Recordó que España tiene una de las tasas más bajas de juego problemático del mundo (0,3 %), y en Castilla y León solo unas 900 personas están inscritas en el registro de prohibidos, un 0,05 % de la población adulta. Concluyó que el juego “es una actividad seria, regulada y plenamente legal” que debe seguir siendo reconocida como motor económico de la comunidad.