En un panel de alto nivel con autoridades reguladoras, financieras y operativas, se ofreció un debate franco y práctico sobre cómo el incipiente ecosistema brasileño de apuestas reguladas debe evolucionar para hacer frente a la competencia sin licencia.

Moderada por Magnho José, presidente del Instituto Brasileño del Juego Legal (IJL), la sesión contó con la participación de Fred Justo, coordinador general de la División de Supervisión contra el Lavado de Dinero y Asuntos Afines del Ministerio de Economía; Leonardo Baptista, director ejecutivo del proveedor de pagos Pay4Fun; Ricardo Brito, director sénior de Servicios Profesionales de Riesgo para América Latina en LexisNexis Risk Solutions; y Marco Tulio, director ejecutivo de Ana Gaming Group. 

Juntos, estos panelistas presentaron un análisis detallado de las estrategias financieras y operativas necesarias para garantizar la viabilidad a largo plazo de los operadores que cumplen con las normas.

El costo de seguir las reglas del juego

En el centro del debate se ubicó una frustración compartida: los operadores regulados asumen costos considerables para operar legalmente, que incluye tasas de licencia, cargas fiscales e infraestructura de cumplimiento normativo, pero se enfrentan a una creciente competencia de plataformas ilícitas que no cumplen con ninguna de estas obligaciones. 

Marco Tulio destacó esta disparidad al mencionar los 30 millones de reales gastados en licencias, además de otros 5 millones de reales en depósitos de garantía, lo que remarca la presión financiera sobre las empresas que cumplen con las normas. 

Si bien los operadores legales están alineados con el interés público, garantizando la devolución de impuestos y experiencias más seguras para los consumidores, siguen expuestos a un mercado donde las entidades sin licencia siguen atrayendo a otros actores con menos restricciones e incentivos inflados.

La función de la ordenanza 566 y la supervisión de pagos

Fred Justo, en una reflexión sobre su gestión en la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), incidió que la ordenanza 566 fue un gran primer paso para consolidar el control regulatorio. 

Esta ordenanza obliga a los proveedores de pagos a revelar sus relaciones con operadores sin licencia, lo que indica la intención del gobierno de desmantelar las bases financieras del mercado ilegal. Sin embargo, Justo fue inequívoco: bloquear sitios web o emitir avisos de cumplimiento por sí solos no sería suficiente. 

El sector no regulado solo se puede abordar con eficacia si se interrumpe su flujo de financiación, en particular el sistema de pagos omnipresente instantáneos de Brasil, PIX. Sin esto, la aplicación de la ley se vuelve más simbólica que punitiva.

La infraestructura regulatoria ya está establecida

Leonardo Baptista amplió este punto, explicando que PIX, por diseño, proporciona una infraestructura ideal para la trazabilidad y los protocolos contra el blanqueo de capitales. Vinculado directamente a los CPF individuales y a las instituciones financieras reguladas, PIX ya contiene la arquitectura operativa necesaria para identificar y aislar la actividad ilícita. 

Sin embargo, advirtió a los operadores que no se asocien con proveedores de pagos que ofrecen bajos costos de transacción sin la debida diligencia. Como señaló Baptista: “Si le ofrecen una tarifa de PIX de dos centavos, su proveedor está ganando dinero en otra parte. Lo barato sale caro”. Instó a los operadores a realizar evaluaciones exhaustivas de conoce a tu proveedor (KYP), garantizando que el ahorro de costos no se esté aprovechando a expensas del cumplimiento normativo, la ciberseguridad o la redundancia.

La tecnología, una aliada en la detección del fraude

Mientras tanto, Ricardo Brito destacó la naturaleza cada vez más sofisticada del fraude y el robo de identidad en el sector del iGaming. Desde la suplantación de dispositivos y la clonación de patrones de comportamiento hasta el abuso de bonos mediante bots automatizados, las tácticas ilícitas son cada vez más difíciles de detectar sin soluciones robustas y multicapa de gestión de riesgos. 

Brito abogó por la externalización estratégica de estas capacidades, sugiriendo que los operadores se centren en su negocio principal y confíen la detección del fraude, la monitorización de datos y la automatización del cumplimiento normativo a proveedores expertos. Brito reforzó el papel de la interpretación de datos en tiempo real y la biometría del comportamiento no solo para detectar el fraude, sino también para prevenir la facilitación involuntaria del blanqueo de capitales a través de las lagunas legales de las plataformas.

Educación, cumplimiento de las leyes y puntos ciegos institucionales

La conversación también abordó obstáculos culturales e institucionales más amplios. Como señaló Justo, muchos organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la policía local y los órganos judiciales, carecen de una comprensión fundamental del funcionamiento de las plataformas de apuestas, y a menudo identifican erróneamente a los operadores legales como cómplices de esquemas de manipulación o blanqueo. 

Argumentó que, junto con una regulación y una aplicación más estrictas de la ley, el gobierno debe priorizar la educación. La capacitación de policías, jueces y fiscales sobre el funcionamiento interno de la industria de las apuestas es fundamental para reducir el daño a la reputación y las investigaciones mal dirigidas.

Tulio se hizo eco de esta necesidad de educación pública, pero enfatizó que los operadores también tienen un papel que desempeñar. Pidió una campaña nacional para monitorear las plataformas legales y educar a los consumidores sobre los peligros de interactuar con sitios sin licencia. 

Esta iniciativa requeriría la coordinación entre operadores, reguladores y canales de comercialización, incluyendo proveedores de juegos y plataformas de distribución digital. Tulio insistió en que solo un esfuerzo conjunto de todas las partes interesadas podría desmantelar el atractivo de los operadores no regulados, que a menudo ofrecen mayores bonificaciones y menos restricciones, pero a costa de la protección del consumidor y la seguridad financiera.

Alineación de las partes interesadas bajo una agenda común

A lo largo del panel, el consenso fue claro: la colaboración, no la competencia, debe definir la siguiente fase del desarrollo del mercado. Prevaleció la idea de que los operadores legales, los reguladores y los facilitadores de pagos deben dejar de funcionar de forma aislada. Es necesario supervisar cada aspecto del ecosistema, desde el acceso a la tienda de aplicaciones hasta la provisión de contenido de juegos, para excluir a los participantes no regulados. 

Baptista se mostró particularmente firme al respecto, insistiendo en que las instituciones financieras que prestan servicios a sabiendas a operadores ilegales deberían enfrentarse a la revocación de sus licencias. Su punto de vista fue pragmático y sin complejos: “Si se corta el canal bancario, el problema está resuelto”.

En conclusión, este panel ofreció más que un simple análisis de los desafíos actuales; estableció un plan para la acción inmediata y a largo plazo. Los operadores legales deben exigir responsabilidades no solo a los reguladores, sino también a todos los socios en su cadena operativa. 

Los gobiernos deben combinar la educación con la aplicación de la ley, empoderando a las empresas legales para que prosperen en igualdad de condiciones. Y, sobre todo, el mercado debe asumir que la regulación no es un fin, sino un proceso que requiere vigilancia, inversión y, sobre todo, unidad.

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