La iniciativa cobró fuerza tras un decreto del gobernador Cláudio Castro (PL) que reglamenta la actividad, aprovechando disposiciones de la ley federal que autorizó las apuestas deportivas en 2023. Según Castro, el sector podría generar 65 mil empleos y aumentar significativamente la recaudación estatal, actualmente estimada en apenas 30 millones de reales anuales. “El juego es una actividad económica que genera empleos e incentiva el turismo, pero necesita fiscalización”, afirmó el gobernador.

A pesar del entusiasmo oficial, la propuesta enfrenta resistencia. El alcalde Eduardo Paes (PSD) vetó la concesión de licencias de funcionamiento para las empresas interesadas, alegando falta de control. “Si es para construir una Las Vegas, que haya legislación adecuada para abrir casinos. Tal como se hizo la liberación, no tenemos control”, declaró.

El proyecto también despierta dudas sobre la composición societaria de algunas empresas habilitadas por la Loterj. Entre ellas figuran grupos vinculados a herederos de figuras históricas del “jogo do bicho” y de esquemas de contravención. Para los críticos, la migración de parte de ese capital al mercado legalizado refuerza la necesidad de una fiscalización rigurosa.

De acuerdo con la Loterj, los VLTs funcionan como una versión electrónica de las “raspaditas”, con series numeradas y porcentajes de premio previamente definidos. Al menos 65% de la recaudación debe destinarse a premios, y el acceso está restringido a mayores de edad mediante QR code.

El “plan Las Vegas” surge en un momento en que la legalización plena de los casinos aún aguarda debate en el Congreso Nacional. Hasta entonces, la disputa entre el gobierno estatal, la alcaldía y las empresas del sector promete intensificar el debate sobre el futuro del juego en Brasil.