La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) advirtió que, tras la implementación del IVA del 19% sobre las apuestas en línea, el sector ha enfrentado una reducción significativa en la actividad de los usuarios. En las primeras semanas, los depósitos, es decir, el dinero que los jugadores ingresan a las plataformas para apostar, cayeron entre un 30% y un 50%, lo que se tradujo en una disminución del 30% en los ingresos brutos (GGR) del sector.

Ante esta fuerte caída, los operadores legales tomaron la decisión de asumir temporalmente el valor del impuesto a través de bonos promocionales, buscando proteger al usuario y evitar su migración hacia plataformas ilegales que no están sujetas a regulación ni cargas fiscales. Sin embargo, Fecoljuegos advierte que esta estrategia, aunque efectiva a corto plazo, representa una carga económica insostenible, "pero este mecanismo tiene un límite, y si el impuesto se mantiene sin ajustes, muchas plataformas no tendrán otra opción que cerrar o cesar sus actividades en Colombia”, afirmó Evert Montero, presidente de Fecoljuegos.

Además de la caída en los depósitos, el gremio ha identificado un cambio en el comportamiento de los usuarios. Jugadores que antes destinaban entre $150.000 y $250.000 mensuales ahora se enfrentan a una menor capacidad de juego desde el primer depósito, lo que desincentiva su permanencia en el canal legal y afecta la dinámica comercial de los operadores.

“El impuesto ha alterado la experiencia del usuario. Esto lo desincentiva, lo aleja del juego regulado y lo empuja hacia plataformas ilegales que no pagan impuestos ni ofrecen garantías de seguridad”, añadió Montero.

Fecoljuegos advierte que, de mantenerse esta política fiscal sin una revisión estructural, no solo se compromete la viabilidad del mercado formal, sino que se fomenta la informalidad, se debilita el recaudo tributario y se ponen en riesgo los recursos que el sector legal destina al sistema de salud.

Por esta razón, el gremio propone al Gobierno Nacional la construcción conjunta de un indicador técnico de sostenibilidad que permita medir objetivamente el impacto de la carga impositiva sobre el mercado regulado. Este instrumento permitiría tomar decisiones basadas en evidencia y garantizar un equilibrio entre los objetivos fiscales del Estado y la estabilidad del sector.