“Clausuramos unas casas de apuestas ilegales y van surgiendo otras, es una labor difícil”, explica el director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana. Son una pequeña parte de una labor incesante, porque tan solo se publicitan los cierres en aquellos casos en que se identifica al operador; si sumamos también los demás, desde 2018 se han clausurado 2.633 portales de este tipo y se les han impuesto multas por casi 400 millones de euros.

“Las sanciones muy graves se aplican a las webs que pretenden ofrecer juego sin tener licencia. Son portales ilegales que incumplen toda la normativa, por lo que nuestra labor es cerrarlas. Rastreamos las plataformas de juego, las páginas web, las redes sociales, los buscadores, y también nos llegan denuncias. Es complicado, porque internet es muy grande”, señala Arana, cuyo departamento depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “Algunas matrices que tenemos localizadas y ya han sido sancionadas intentan desarrollar páginas distintas y tenemos que volver a actuar”, añade.

Con este método, y a través de rastreos tanto tecnológicos como manuales, van encontrando páginas de apuestas sin licencia en España, consideradas ilegales por la Ley de Regulación del Juego (LRJ). “Quien juega o apuesta dinero en estas webs está cometiendo una grave imprudencia, porque no tienen ningún sistema de control en los accesos, ni para menores, ni para jugadores autoexcluidos, ni lanzan cuando se lleva jugando mucho tiempo [lo que se considera juego problemático]. Se suelen residenciar en el extranjero, y puede haber incluso un problema de cobros, que desaparezcan del mercado y no paguen los premios”, dice el director general.

En el último balance semestral, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se han encontrado a 13 páginas ilegales de apuestas a las que se podía acceder desde España. Se trata de Interactive Pro, Stars Cream, Loveca Sino, Rougeca Sino, Mountberg, Alimanieri, Goldenpharaoh, Goldenlion, Golden Genie, Bigwins Games Tech, Games & More,Gladiator Holding y R.Bostock Enterprises. Desde 2021, la ley obliga a publicitar los nombres de aquellas con operadores identificados. A cada una de ellas se les ha impuesto una multa de cinco millones, lo que suma 65 en total.

“Más que el importe, que no siempre pagan, lo importante es que remitimos un requerimiento a los operadores de Internet para que bloquen el acceso a esas páginas desde España. Ese bloqueo está en vigor al menos dos años. Además, se les impide lograr la licencia en ese periodo y mientras no hagan efectivo el pago”, comenta Arana. Si alguna de esas empresas fuera reincidente, la multa podría ir más allá: es lo que ocurrió en el anterior balance, cuando se multó a la Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos con 35 millones de euros.

Cada año, hay centenares de casos en los que no es posible conocer el operador que hay detrás de un portal. “Lo que hacemos es tramitar directamente un procedimiento de bloqueo del portal que incorpora todas las URL [direcciones] conocidas de dicho portal. Es decir, que se cierra el portal y no se arbitra un procedimiento sancionador, ni se publicita”, dice el director general. En total, los portales cerrados desde 2018 y hasta el pasado 30 de septiembre son 2.633, a un ritmo de más de 200 anuales (en 2023 fueron 265; el anterior, 268; y en 2021, 255); llevaban 18.700 páginas asociadas (con variaciones del nombre u otras pequeñas diferencias).

Además, la DGOJ también ha detectado infracciones graves en otros dos operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online durante los primeros seis meses de 2024. Las resoluciones consideradas graves se dirigen a operadores que sí operan con licencia, pero que incurren en otro tipo de infracciones. Las multas se han impuesto a Codere y Electraworks, por un importe conjunto de 325.000 euros.

Tras la última reforma, la ley del juego establece que las infracciones graves y muy graves firmes en vía administrativa se deben publicar en la web de la DGOJ. Desde julio de 2021, el número de sanciones publicadas asciende a 154 (19, en el segundo semestre de 2021; 73, en 2022; 30 en el primer semestre de 2023; 17 en el segundo semestre de 2023 y 15 en el primer semestre de 2024) y se han impuesto multas por un valor total de más de 398 millones de euros.

Preocupación por el aumento de la publicidad

En abril, el Tribunal Supremo anuló varios puntos del decreto que limitaba la publicidad del juego online, volviendo a permitir las promociones para captar nuevos clientes, los anuncios de famosos y los realizados en plataformas de vídeo como Youtube, entre otras. Este asunto preocupa a Consumo. “Los horarios de los anuncios en televisión siguen limitados de 1 a 5 de la mañana, y eso es positivo, pero nos preocupa que se está incrementando la publicidad por redes sociales y con influencers, así como los bonos de bienvenida. Además, la Liga ha suscrito un acuerdo con la casa de apuestas Luckia, algo que antes de la decisión del Supremo no se podía hacer”, dice Arana.

El plan del Gobierno es volver a regular todos estos aspectos —que la sentencia consideraba que debían tener rango de ley y no de decreto— con una enmienda en la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, que se encuentra en tramitación en el Congreso. Todavía no hay fecha prevista para su aprobación.

Los operadores legales de juego denunciaron en su momento que esta normativa iba a impulsar el juego ilegal. “Con los datos que tenemos, no está creciendo, porque hay un cierre constante de páginas webs ilegales, y porque revisamos los datos de pagos a través de tarjetas de crédito con informes periódicos. Esos pagos los cruzamos con los operadores legales y vemos que el juego ilegal se mantiene constante entre el 3% y el 3,5%. El decreto no ha supuesto un incremento, igual que la sentencia del Supremo tampoco ha supuesto una reducción”, resume el director general.

Por Miguel Ángel Medina