El proyecto modifica la Ley 7.689/1988 y establece un aumento escalonado en la Contribución Social sobre la Utilidad Líquida (CSLL). La tasa aplicada a fintechs, instituciones de pago, administradoras de mercados OTC y bolsas de valores y mercancías subirá de 9% a 12% en 2026 y a 15% en 2028. Las sociedades de capitalización y las instituciones de crédito, financiamiento e inversión pasarán de 15% a 17,5% en 2026 y a 20% en 2028.

Aumento para apuestas

El proyecto también eleva progresivamente la Contribución sobre los Ingresos Brutos del Juego para las empresas de apuestas de cuota fija (bets). La tasa actual de 12% subirá a 15% en 2026 y 2027, y alcanzará 18% en 2028. La recaudación se destinará a la seguridad social, con prioridad para acciones en el área de la salud. Entre 2026 y 2028, parte de los recursos podrá transferirse de manera excepcional a estados, Distrito Federal y municipios para compensar pérdidas por exenciones del Impuesto a la Renta de servidores públicos.

Nuevo programa de regularización

El proyecto crea el Programa de Regularización Tributaria para Personas Físicas de Bajos Ingresos (Pert-Baja Renta), destinado a la renegociación de deudas tributarias y no tributarias vencidas hasta la fecha de publicación de la futura ley. Podrán adherir personas físicas con ingresos de hasta R$ 7.350 mensuales —o R$ 88.200 anuales— en el ejercicio fiscal 2024.
Quienes ganen hasta R$ 5.000 mensuales accederán al total de los beneficios, mientras que los ingresos superiores tendrán reducciones proporcionales. El valor mínimo de cada cuota será de R$ 200. La adhesión implica confesión de deuda y exclusión de otros parcelamientos, salvo el previsto en la Ley 10.522/2002.

Corrección de distorsiones y otras reglas

El proyecto corrige además una distorsión relativa al envío de utilidades y dividendos a beneficiarios en el exterior. Si la suma del IRPJ, CSLL y la retención en la fuente supera el límite legal (34%), el residente en el exterior podrá solicitar la restitución de la diferencia dentro de un plazo de cinco años, alineando la norma al Código Tributario Nacional.

Las nuevas alícuotas de CSLL y la tributación de las bets entrarán en vigor cuatro meses después de la publicación. Las reglas sobre crédito tributario internacional regirán a partir del año siguiente; las demás, de forma inmediata.

El informe también incluye medidas contra el lavado de dinero en fintechs y operadores ilegales de apuestas, como reportes semestrales de cumplimiento, responsabilidades por publicidad irregular y la integración con sistemas antifraude.
Entre las novedades destaca la creación del Índice de Cumplimiento Regulatorio en Apuestas (ICRA), que medirá el nivel de adhesión de las operadoras a las normas y podrá utilizarse para conceder beneficios o aplicar restricciones.

Según estimaciones oficiales, el proyecto podría generar un impacto fiscal positivo cercano a R$ 5 mil millones en 2026, R$ 6,3 mil millones en 2027 y R$ 6,7 mil millones en 2028.

Indignación y divergencias en el Gobierno

Durante la reunión, Eduardo Braga señaló que el Ministerio de Hacienda y la Receita Federal manifestaron objeciones al texto presentado anteriormente. El senador criticó el cambio de postura del Gobierno:
“Estoy indignado, porque negocié de buena fe con el senador Renan Calheiros para viabilizar la aprobación de un proyecto de gran importancia macroeconómica.”

El líder del Gobierno en el Senado, Jaques Wagner (PT-BA), contrariando la posición de Hacienda, apoyó el informe original de Braga, que terminó aprobado:
“La política sin riesgo no existe. Le pido al senador Eduardo Braga que retire el adendo de hoy y mantenga el de la semana pasada. Después, yo me hago cargo.”