Casi tres años después de la entrada en vigor de la nueva Ley del Juego de Aragón, el desarrollo efectivo de la normativa sigue avanzando a un ritmo desigual. El Gobierno autonómico, liderado por el Partido Popular, ha iniciado la tramitación del Reglamento General del Juego con medidas relevantes para el sector, aunque ha dejado fuera aspectos considerados fundamentales por asociaciones de afectados, como el control de acceso a las máquinas recreativas para menores de edad y personas inscritas en el registro de autoprohibidos.

La falta de implementación de estos mecanismos ha generado malestar entre colectivos especializados en la prevención de la adicción al juego, que reclaman una aplicación íntegra de la ley para proteger a los perfiles más vulnerables en entornos de fácil acceso como los bares.

Un mercado de gran impacto social

El contexto no es menor. En España se juegan anualmente alrededor de 34.000 millones de euros, de los cuales cerca de 30.000 millones corresponden a apuestas presenciales. Paralelamente, la deuda media de las personas que solicitan ayuda por problemas de juego se sitúa en torno a los 26.500 euros, según los últimos datos disponibles.

Numerosos estudios científicos han alertado de los efectos negativos del juego de apuestas, con consecuencias que trascienden el ámbito individual y alcanzan el plano social, económico y educativo, afectando también al entorno familiar y comunitario de las personas con adicción.

El reglamento avanza, pero no completa la ley

El Reglamento General del Juego de Aragón, actualmente en fase de información pública, constituye la principal herramienta para desarrollar la ley aprobada en 2023 durante el último tramo del Gobierno de Javier Lambán. Aquella normativa introdujo restricciones significativas para una actividad legal, pero con una fuerte dimensión sanitaria y social.

Entre las medidas ya contempladas por la ley se incluían la obligación de mantener una distancia mínima de 500 metros entre nuevos locales de juego y la prohibición de retirar dinero con tarjeta de crédito dentro de los establecimientos, una de las disposiciones que mayor oposición generó en la patronal del sector. Asimismo, quedaba pendiente un desarrollo posterior de cuestiones clave, como la instalación de sistemas de identificación y control remoto en las máquinas tragaperras ubicadas en bares.

El nuevo reglamento sí incorpora avances valorados positivamente por los colectivos afectados. Entre ellos, la reducción del número máximo de máquinas tragaperras en locales de hostelería, que pasa de seis a dos por establecimiento —o excepcionalmente tres cuando pertenezcan al mismo operador—. Además, se fija un tope global de 5.600 máquinas tipo B.1 en toda la comunidad, frente a las 6.200 autorizaciones existentes hasta ahora. A ello se suma la obligación de que las salas de bingo cierren a las 2:00 de la madrugada, equiparándose a los salones de juego.

Críticas por la ausencia de control de acceso

Pese a estos avances, el reglamento no aborda la implantación de sistemas efectivos de identificación y control en las máquinas de hostelería. Desde el Ejecutivo autonómico se limitan a señalar que esta cuestión continúa “en estudio”, una explicación que no convence a las asociaciones del sector tras el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley.

En la práctica, muchas máquinas en Aragón siguen sin mostrar advertencias visibles para menores y personas autoprohibidas, o mantienen estímulos visuales y sonoros incluso cuando están inactivas, en contra de lo establecido por la normativa vigente.

La Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar (Azajer) valora positivamente algunas de las mejoras introducidas, pero considera insuficiente el desarrollo reglamentario. Su presidenta, Miriam Gañán, insiste en que “la ley tiene que cumplirse, y a día de hoy no se cumple”, y lamenta que las tragaperras en bares sigan funcionando “sin ningún control de acceso” pese a que la legislación lo exige.

Desde la entidad alertan de que continúan detectándose casos de menores y personas autoprohibidas que acceden al juego en establecimientos de hostelería, una situación que, a su juicio, evidencia la necesidad de completar sin más demoras el despliegue de la Ley del Juego en Aragón.