Con los votos de casi todos los legisladores del oficialismo, el Gobierno de Córdoba consiguió este miércoles la aprobación en la Legislatura provincial de la ratificación de un decreto del Ejecutivo que establece la continuidad y cumplimiento en el contrato de licitación por parte de la empresa CET S.A., encargada de la explotación de tragamonedas. El debate en el recinto tuvo cruces y viejas peleas por la ley del juego on line, de 2021. La oposición no acompañó.

De esta forma, el Gobierno de Juan Schiaretti consiguió en la Legislatura la ratificación de la vigencia de la prórroga del contrato y la aceptación de la propuesta del CET S.A. para la apertura de un quinto hotel con fines turísticos, junto con una sala de apuesta de tragamonedas, en Almafuerte.

La empresa a cargo de concesión de los slots cuenta con un contrato vigente que data de 2002, por un período de 20 años, y con una opción a cinco de prórroga. Además de la vigencia de la ley 9.231, la que fue sancionada en 2005, cuando se estableció que CET S.A. y la Lotería de Córdoba mantendrían una relación contractual en la que la firma privada debía cumplir con los requisitos y condiciones en cuanto a la renovación de la maquinaria y la inversión de cinco inmuebles destinados al turismo y hotelería.

Tres de estos hoteles ya están en funcionamiento, un cuarto sigue sujeto a la asignación de terrenos por parte de la Provincia, y un quinto edificio fue puesto en valor recientemente en Almafuerte. Estas cuestiones, junto con la creación de un nuevo salón de juego en la provincia, fueron las que generaron el cuestionamiento desde el arco opositor.

Los bloques de Juntos UCR, Juntos por el Cambio, Encuentro Vecinal, Identidad Peronista, Independiente y las dos bancadas de la izquierda votaron en contra; mientras que Orlando Arduh, de Radicales Auténticos, se abstuvo. Desde estos espacios opositores surgieron los cuestionamientos por el no debate de una ley de ludopatía y por sumar otra sala de tragamonedas, además del incumplimiento de CET S.A. en la no concreción del cuarto hotel, requerido en la licitación.

Para este tema, el oficialismo logró cosechar 47 votos, ya que dos de los legisladores de Hacemos por Córdoba, alineados con la candidatura a presidente de Sergio Massa, Tania Kyshakevych y Luis Lencinas, decidieron ausentarse al momento de la votación.

Juan Blangino y Leonardo Limia fueron los dos parlamentarios justicialistas que defendieron en el recinto la ratificación del decreto provincial.

“Esto da importancia en cuanto a la ratificación en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la concesionaria”, dijo Limia, quien destacó el trabajo de la Lotería de Córdoba en “controlar” y llevar adelante el programa del juego responsable. De esta forma, respondió a las críticas en el recinto acerca de la pronta aplicación del juego on line en Córdoba y de las advertencias sobre el avance de apuestas en menores.

“Seguimos sin tratar la ley de ludopatía. Este Poder Legislativo es una escribanía porque a poco de irse quiere aprobar un proyecto de ley sobre un casino, por qué no podemos ser más prudentes en el tratamiento de los temas que generan dudas, como es la extensión del juego a lo largo de la provincia. Lo rechazamos por extemporáneo, por falta de debate, por su naturaleza jurídica y porque quieren sembrar casinos en todo el territorio”, dijo la radical Patricia de Ferrari.

“Esto es un escándalo económico, social y jurídico. Esto es una historia sin fin o una historia de navidad, en diciembre aprueban leyes... y siguen sin tomar conciencia de lo que provoca el juego y siguen dando incentivos”, se quejó el legislador Álvaro Zamora Consigli, de Encuentro Vecinal Córdoba.

También Mariana Caserio, de Identidad Peronista, expresó el rechazo a la ratificación del decreto y manifestó su preocupación por el avance del juego on line en las escuelas.

“Me pueden decir que este no es el tema de debate, pero es una realidad que está adelante de nuestros ojos, los riesgos y la adicción que nos están dando signos de alerta de las familias”, expresó.

Cecilia Irazuzta, una de las impulsoras del proyecto de ley de ludopatía, volvió sobre la insistencia de darle tratamiento y cuestionó la ratificación con un decreto que avale una nueva sala.

Alberto Ambrosio, uno de los legisladores del PRO que en 2021 apoyó el proyecto de ley de juego on line, explicó por qué no acompañarían la ratificación del acuerdo con el CET S.A., y advirtió sobre los riesgos de no dar un marco normativo a las apuestas virtuales. Sobre este punto, se recordó en el recinto que las empresas ya fueron adjudicadas por la Provincia para la explotación de plataformas virtuales, aún sin fecha de lanzamiento.

“Este contrato del CET S.A. no tiene que ver con la legalización y darle un marco de control al juego on line. Esto que se debate es un hecho complicado porque tenemos 17 distritos en Córdoba en los que funcionan los slots, que generan un daño social, perjudican a los más pobres y postergados. En cambio, el juego on line es más transversal, está en todos lados, pero es grave si no se lo legaliza y se pretende acá embarrar la cancha”, dijo el legislador del PRO, al responder los cuestionamientos por la polémica ley de apuestas virtuales que impulsó Juntos por el Cambio con el oficialismo en 2021.

El tono de la discusión se elevó cuando Arduh pidió la palabra y cuestionó con dureza a la UCR, al recordar en el recinto que se fue del partido que lo quería expulsar, pero que no se indagó al intendente radical de Almafuerte (donde se abrirá la sala número 18 de tragamonedas), Rubén Dagum.

Su enojo con el Comité Provincia terminó por colarse en su fundamentación, en la que aclaró que no estaba de acuerdo con lo tratado por el oficialismo, por lo que deció abstenerse en esta oportunidad. Arduh es uno de los radicales que desde diciembre próximo se sumará al gabinete del gobernador electo Martín Llaryora.

“Por qué no dicen nada de los intendentes del mismo partido que autorizan un casino...”, dijo Arduh al cuestionar no sólo a Dagum, sino también al intendente de Río Tercer, Marcos Ferrer; a Rodrigo de Loredo y a Luis Juez por no cuestionar la apertura de tragamonedas en Almafuerte. Esto generó el enojo de algunas legisladoras radicales que pidieron la palabra, como Daniela Gudiño y Elisa Cafaratti, pero no les fue concedida por el radical.

Esta pelea fue observada casi como un festejo por parte del bloque oficialista, el que no intervino en la puja de bancadas.

Por Verónica Suppo