Yllanes ha defendido que se trata de una reforma «eminentemente social» y que han recogido demandas de organizaciones como OCU, Unicef, Cruz Roja, la Conselleria de Salud, el Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares y asociaciones de ludópatas. La reforma impide otorgar nuevas autorizaciones para instalar establecimientos específicos de juego (salones de juego, locales de apuestas, casinos, bingos) en una zona inferior a 500 metros medidos radialmente en torno a cualquier edificación que albergue centros de enseñanza de personas menores de edad, zonas de ocio infantil y centros permanentes de atención a las personas menores de edad. Actualmente esta distancia está establecida en 100 metros. Por otra parte, el reglamento establece la prohibición de publicidad y promoción en relación con el juego presencial en el territorio de las Islas. Esto no afecta a la publicidad y promoción del juego online, cuya legislación depende del Gobierno de España.
La reforma incluye una adaptación al catálogo de infracciones muy graves, graves y leves, a la casuística y práctica acumulada a lo largo de los últimos ocho años. A título de ejemplo se introduce como novedad la infracción muy grave consistente en «utilizar fichas, cartones, boletos u otros elementos de juego que sean falsos». Asimismo, y en relación con las máquinas de juego tipo B, Yllanes ha informado que el anteproyecto prevé que éstas deben contar con un sistema de activación y desactivación por control remoto en poder del personal encargado del local, para evitar el acceso al juego a las personas menores de edad. El anteproyecto está listo para su tramitación administrativa previa a su tramitación parlamentaria.
Observatorio del juego
Por otro lado, Yllanes ha trasladado al ministro las conclusiones del primer informe del Observatorio del Juego Online de Baleares. El informe destaca que Baleares es donde más ha crecido el número de personas autoprohibidas del juego, un 56,9%, y que más de un centenar han iniciado terapia para librarse de la adicción al juego online. Yllanes ha coincidido con el ministro en que «el juego online no es una fiebre pasajera, sino una actividad que se ha instalado entre la población», por lo que ha llamado a «velar por su práctica equilibrada, alejada de abusos y tendencias patológicas». El conseller ha asegurado que el Govern trabaja en medidas para proteger a los menores y a la población vulnerable frente al juego problemático, y ha pedido «que las administraciones vayan de la mano».
Según el informe, los juegos más implantados son los que se realizan en las salas de juego, como las máquinas de azar ubicadas en estas salas o en establecimientos de hostelería y restauración, donde el acceso es más fácil. En este sentido, más de la mitad de las personas estudiadas no estaban inscritas en los registros voluntarios para evitar el acceso a locales de juego dentro de la comunidad o territorio español. Asimismo, el informe advierte que las adicciones comportamentales pueden llevar asociado un consumo de sustancias psicoactivas. Según los datos obtenidos, el 90,62% de las personas que iniciaron tratamiento por juego online eran hombres y el 9,40% mujeres. La distribución por islas fue de 77 inicios en Mallorca, 6 en Menorca y 13 en Eivissa. Sin embargo, en la recogida de datos se observa que hay 22 personas (el 22,91%) que han iniciado la adicción siendo menores de edad (50% por adicciones a videojuegos y el restante por adicción a juegos presenciales o en línea).
En la adicción a videojuegos, son todos hombres y menores de edad. El 70% tiene estudios finalizados de primaria e iniciaron el tratamiento entre los 14 y los 16 años.
En cuanto a apuestas, un 50% de quienes inician tratamiento hacen una apuesta media entre 100 y 1.000 euros. Un 34,89% no tiene ninguna deuda al inicio del tratamiento, pero un 30,23% tiene una deuda de entre 1.000 y 10.000 euros. Además, el tramo de edad de 55 a 64 es el que mayoritariamente declara haber jugado (84,4%). Respecto al uso compulsivo de Internet, la encuesta EDADES para las Islas desvela que la mayor incidencia de un posible uso compulsivo se presenta en la población de 15 a 24 años (32,8%).
