Responsable de la relatoría del caso, el ministro Luiz Fux determinó este miércoles que el Gobierno implemente «medidas inmediatas de protección especial» para evitar que recursos de planes sociales y asistenciales, como Bolsa Familia y Beneficio de Prestación Continuada, sean utilizados en plataformas de apuestas.

La determinación será evaluada por los jueces en una sesión virtual.

Además, Fux ordenó que la orden 1.231/2024, del Ministerio de Hacienda, que prohíbe campañas publicitarias y de mercadeo dirigidas a niños y adolescentes, tenga «aplicación inmediata».

Tal disposición judicial fue concedida después de una audiencia pública realizada por el STF, en la cual expertos discutieron los impactos económicos y de salud mental derivados de la expansión de las apuestas en línea.

El proceso que motivó el debate fue registrado en la corte por la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC).

La entidad cuestiona la ley 14.790/2023, norma que regula las apuestas en línea de cuota fija.

En la denominada Acción Directa de Inconstitucionalidad, la CNC indica que la legislación, al promover la práctica de juegos de azar, causa impactos negativos en las clases sociales menos favorecidas.

Además, la entidad cita el crecimiento del endeudamiento de los hogares.

En este escenario, el Senado instaló el martes una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la actuación de los sitios web de apuestas online.

La senadora Soraya Thronicke presentó la solicitud de creación de la CPI y será relatora, mientras que el presidente de la junta es el congresista Hiran Gonçalves da Silva.

El objetivo de la comisión es determinar la influencia de los juegos en línea en el presupuesto familiar y la posible asociación con el lavado de dinero.

Según una encuesta publicada en agosto por el Banco Central, los beneficiarios de la Bolsa Familia gastaron tres mil millones de reales (un poco más de 535 millones de dólares) en apuestas.