El anuncio de la votación del requerimiento se realizó al inicio de la última sesión deliberativa del año, por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre. El texto en cuestión es el PL 2.234/2022, aprobado previamente por la Cámara de Diputados y relatado en el Senado por el senador Irajá (PSD-TO), quien presentó ajustes y acogió enmiendas sugeridas durante la tramitación.

El proyecto está en análisis en el Senado desde 2022. El 19 de junio de 2024 fue aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) y, desde entonces, aguardaba deliberación en el Plenario. La propuesta original tuvo su origen en 1991, en la Cámara de Diputados, a través del PL 442/1991, de autoría del entonces diputado Renato Vianna.

Parlamentarios contrarios al texto, especialmente integrantes de la bancada evangélica, argumentaron que la legalización de los juegos puede estimular la ludopatía (adicción al juego) y favorecer delitos como lavado de dinero, tráfico y prostitución.

Durante el debate, el senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmó que el proyecto es controvertido y puede generar impactos negativos, principalmente sobre la población de menores ingresos. Según él, la propuesta desplazaría recursos de la actividad productiva hacia grandes grupos económicos y ampliaría el endeudamiento de los jugadores.

Por otro lado, el senador Weverton (PDT-MA) defendió la votación del proyecto, destacando el potencial económico de los casinos físicos en regiones turísticas. Para el parlamentario, la reglamentación puede generar recaudación, empleos e inversiones, siempre que esté acompañada de reglas estrictas de control y acceso.

Con el rechazo de la urgencia, el proyecto continuará tramitando en el Senado sin una fecha definida para su votación en el Plenario.