El Ministerio de Hacienda de Brasil avanzó en su ofensiva contra operaciones no reguladas al ordenar el bloqueo de al menos 27 plataformas de mercados predictivos, en una acción ejecutada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). La medida marca un nuevo capítulo en la consolidación del marco regulatorio de las apuestas en el país, con foco en la protección del consumidor y la integridad del sistema financiero.

Las denominadas plataformas de predicción funcionan como mercados donde los usuarios arriesgan dinero sobre una amplia variedad de eventos futuros —desde resultados de entretenimiento hasta escenarios políticos y sociales—. Sin embargo, según el gobierno, este tipo de operación no se encuadra dentro de las categorías legalmente permitidas en Brasil, que actualmente restringen las apuestas a eventos deportivos reales y al juego online debidamente regulado.

De acuerdo con el secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Dario Durigan, el crecimiento de este segmento se produjo durante un período de limitada supervisión regulatoria, particularmente entre 2018 y 2022. “La conclusión del gobierno es clara: los mercados de predicción no son legales ni están regulados en Brasil”, afirmó.

La decisión se basa en una resolución del Consejo Monetario Nacional (CMN), que busca eliminar vacíos legales utilizados por estas plataformas. Muchas de ellas operaban bajo la lógica de derivados financieros —contratos basados en la probabilidad de ocurrencia de eventos— sin respaldo financiero adecuado, lo que incrementó las preocupaciones regulatorias.

Desde la perspectiva de la industria del juego, el movimiento refuerza la estrategia de Brasil de construir un entorno más estructurado y controlado, especialmente tras los avances recientes en la regulación de las apuestas deportivas y el iGaming. La exclusión de las plataformas de predicción evidencia la intención del gobierno de evitar la expansión de modelos híbridos que queden fuera de la supervisión específica del sector.

La ministra jefa de la Casa Civil, Miriam Belchior, destacó que la medida también apunta a impedir la formación de un nuevo nicho de apuestas fuera del control estatal. “Si este mercado se consolidara sin reglas, podría generar riesgos significativos para la población brasileña”, señaló.

Otro aspecto clave de la decisión está relacionado con la protección económica de los usuarios. El gobierno vincula este tipo de actividad con el aumento del endeudamiento, especialmente en un contexto en el que las políticas públicas buscan reducir la carga financiera de los hogares y las pequeñas empresas.

Para operadores y actores internacionales, el caso brasileño subraya la importancia de comprender los límites regulatorios locales, especialmente en mercados emergentes donde la legislación sobre apuestas aún está en evolución. El mensaje es claro: solo los modelos alineados con normativas específicas —como las apuestas deportivas reguladas— tendrán lugar en el ecosistema formal del país.