Castilla y León ha decidido ajustar a la baja los requisitos para la explotación de máquinas recreativas tipo B, también conocidas como tragamonedas de nueva generación con juegos alojados en servidor central. La modificación de la Orden PRE/420/2015, impulsada por la Consejería de la Presidencia, busca adaptar la normativa a un sector que ha perdido una de cada tres máquinas instaladas en bares en la última década, pasando de casi 13.000 a 8.200 unidades actuales.

El cambio más significativo afecta al número mínimo de máquinas necesarias para operar un sistema con servidor. Hasta ahora, se exigía contar con al menos 1.536 máquinas conectadas; con la nueva regulación, este umbral se reduce a 966, una rebaja cercana al 37%. La medida responde a la caída “notable” del parque de máquinas recreativas en la comunidad, según explica la Consejería.

La reforma también amplía los plazos de integración progresiva: los operadores ahora tendrán cuatro años para conectar sus máquinas al sistema, con tramos anuales del 25%, frente al plazo anterior de tres años y un 50% obligatorio en el primer ejercicio. Además, se reduce el porcentaje mínimo de máquinas a incorporar al sistema, pasando del 100% al 63%, lo que otorga mayor flexibilidad empresarial y permite a las compañías ajustar su parque sin dar de baja el resto de máquinas durante al menos un año.

El retroceso del sector queda reflejado en los datos de la patronal del juego: Castilla y León contaba con 12.857 máquinas tipo B en 2016, cifra que hoy se sitúa en 8.250, motivada por la expansión de las apuestas online y el cambio de hábitos de consumo. A pesar de la reducción, el sector mantiene un peso económico importante en la comunidad, con más de 450 empresas, alrededor de 2.000 empleos directos y unos 60 millones de euros anuales en tasas e impuestos.

La Junta subraya que no se modifican los límites de premios, ni los sistemas de control o inspección, garantizando que la medida sea “proporcionada” y que preserve la sostenibilidad del sector sin comprometer la supervisión administrativa. En la práctica, la reforma adapta la regulación del modelo de servidor a la realidad actual del mercado, evitando que exigencias demasiado estrictas expulsen a los operadores del negocio.