Chile: denuncian irregularidades en la custodia de tragamonedas incautados

Defensores de acusados por casinos ilegales denuncian irregularidades 

Las defensas de los acusados por la presunta operación de casinos ilegales en Concepción, Chile, volvieron a cuestionar al Ministerio Público por haber autorizado a la Asociación de Casinos, en su calidad de querellante, a custodiar las tragamonedas incautadas durante los allanamientos de 2024.

Los abogados consideran que esta decisión podría afectar la validez de las pruebas reunidas en la investigación y sostienen que el nuevo fiscal regional, Roberto Garrido, debería revisar las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento antes de avanzar hacia un eventual juicio.

Según un oficio fechado el 5 de agosto de 2025 y firmado por la entonces directora ejecutiva de la Fiscalía Regional, Ximena Hassi, el organismo reconoció que había entregado a la Asociación de Casinos la custodia de 1.500 máquinas tragamonedas, incautadas durante un operativo que terminó con 19 detenidos.

Las defensas cuestionan la cadena de custodia de la evidencia

El abogado César Irribarra sostuvo que el hecho de que las máquinas, consideradas parte central de la evidencia del caso, hayan permanecido bajo custodia de la parte querellante compromete su utilización como prueba en un eventual juicio.

El planteo se centra en el manejo de los elementos incautados durante la investigación y en las garantías que deben resguardarse para preservar la integridad de la evidencia.

Consultado sobre si el nuevo fiscal regional, Roberto Garrido, estaba al tanto de la situación, Irribarra afirmó que lo desconocía. No obstante, manifestó su expectativa de que, si el funcionario ya estaba informado, evaluara desistir de llevar el caso a juicio.

Por su parte, Giovanni Gotelli, otro de los abogados defensores, evitó realizar un llamado público al fiscal regional y sostuvo que corresponde a la autoridad decidir si debe adoptar medidas frente a lo que calificó como un manejo irregular de la evidencia.

Desde la Fiscalía Regional del Bío Bío indicaron que, hasta el momento, Garrido no había recibido una presentación formal sobre esta cuestión.

Tres causas judiciales y penas de hasta 25 años de cárcel

La investigación se inició durante la gestión de Marcela Cartagena al frente de la Fiscalía Regional y actualmente se encuentra dividida en tres causas, todas en etapa de preparación de juicio.

Los imputados enfrentan acusaciones por delitos que incluyen la explotación de casinos ilegales, asociación ilícita, lavado de activos y comercio clandestino. De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre el caso, las penas solicitadas podrían alcanzar los 25 años de prisión.

La causa apunta a una presunta red dedicada a la operación de establecimientos de juego al margen de la normativa vigente. El procedimiento de 2024, en el que fueron detenidas 19 personas, constituyó uno de los principales operativos vinculados con la investigación.

La controversia sobre la custodia de las tragamonedas agrega un nuevo foco de discusión al proceso, mientras las defensas insisten en que se revisen las condiciones en las que se preservaron los elementos incautados.

Por ahora, la Fiscalía no informó públicamente de una presentación formal sobre el asunto ni de una decisión del nuevo fiscal regional respecto de los cuestionamientos planteados por los abogados.