El proyecto —que está en segundo trámite constitucional— ahora deberá ser sometido a votación en Sala, para que la totalidad de los senadores y senadoras manifiesten su opinión respecto de la idea de legislar; y de aprobarlo, abrir un plazo para presentar nuevas indicaciones.

En el contexto de la votación en general la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y los senadores Kenneth Pugh, Gastón Saavedra y Gustavo Sanhueza y la senadora Loreto Carvajal acordaron seguir trabajando indicaciones en una mesa con sus asesores en materias identificadas conjuntamente respecto del fortalecimiento de las normas relativas a los actuales operadores legales (Polla, Lotería); el reconocimiento de los factores de comercialización en agencias o punto de ventas autorizados y ajuste al payout de Polla (retorno a los jugadores);  trato simétrico;  ajustes al régimen transitorio, así como nuevas temáticas planteadas en la sesión y otras que surjan de futuras audiencias.

Previo a la votación, la subsecretaria se refirió a los objetivos del proyecto, su contenido, las audiencias recibidas, la situación de los operadores legales, el régimen tributario y el régimen transitorio.

Respecto del régimen tributario refutó cálculos difundidos por algunos actores durante la tramitación de la iniciativa, según los cuales el impuesto al juego sería del 37,8% producto de la suma del 19% de IVA más 20% de impuesto específico, 2% por apuestas deportivas y 1% por promoción del juego responsable: “La forma en que se está calculando esto tiene un error conceptual, porque incorporan dentro de la ecuación los impuestos de aplicación general, como es el IVA, para luego compararlo con el impuesto específico en otras legislaciones. Se suma el 19% de IVA cuando sabemos que este impuesto opera con una regla de crédito y débito”. Recordó que los Casinos de Juego están gravados con IVA, impuesto a la renta e impuesto específico.

Agregó que también se incurre en un error metodológico, pues si bien algunos impuestos se descuentan de la base de otros, el cálculo que realizan hace una sumatoria total del débito fiscal en la carga tributaria, sin reconocer el derecho de los contribuyentes a descontar de dicho débito fiscal los créditos fiscales soportados en la realización de sus actividades.