En septiembre de 2024, una operación en la región del Biobío, Chile, dejó como saldo varias personas detenidas por operar presuntamente máquinas de azar ilegales, similares a las utilizadas en los grandes casinos. Estas salas de juego fueron clausuradas por operar al margen de la ley, y sus responsables fueron formalizados por diversos delitos. Los dueños alegan que sus equipos son máquinas de destreza, no de azar, argumento que actualmente es materia de debate judicial en el Juzgado de Garantía de Concepción.

Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado cuando, durante una audiencia, el exfiscal y actual abogado de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, Carlos Gajardo, apoyó una solicitud de la Fiscalía Regional del Biobío para vender más de 1.500 máquinas incautadas. El argumento: los altos costos de custodia, incluyendo el arriendo de una bodega cuyo pago inicial fue cubierto por una de las partes querellantes.

Esta revelación encendió las alarmas del abogado defensor Giovanni Gotelli, quien denunció la posible pérdida de la cadena de custodia al conocerse que una parte querellante —la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, integrada por Dreams y Enjoy— habría asumido gastos logísticos claves, como el traslado y almacenamiento de las máquinas incautadas.

A través de una solicitud por transparencia, Gotelli pidió a la Fiscalía Regional del Biobío aclarar si es legal que una víctima del caso financie actividades investigativas. En respuesta oficial, la entidad indicó que la ley procesal penal no contempla aportes económicos de víctimas al Ministerio Público para diligencias. Sin embargo, justificó el uso de una bodega proporcionada "a título gratuito" por la Asociación de Casinos, dadas las dimensiones del decomiso.

Pese a ello, la Fiscalía reconoció no tener información sobre contratos de arriendo ni sobre las empresas encargadas del transporte de las máquinas, lo que, según Gotelli, representa una grave omisión que podría afectar la validez de los medios de prueba.

“La Fiscalía perdió el control absoluto de las especies incautadas”, afirmó Gotelli en declaraciones al medio Interferencia, añadiendo que no se habrían cumplido los requisitos legales mínimos para mantener la cadena de custodia, como el embalaje de las máquinas y el registro de entradas y salidas al lugar de almacenamiento.

Consultado por el mismo medio, Carlos Gajardo no respondió, mientras que la fiscal del caso, Pamela Lillo Salazar, aseguró mediante un comunicado que la custodia de las especies siempre ha estado bajo control del Ministerio Público y que solo su personal y la PDI tienen autorización para ingresar al recinto.

Aseguró además que se mantiene registro de todas las personas que, con autorización fiscal, han accedido a las máquinas decomisadas, en cumplimiento de la cadena de custodia vigente.