Chile: presentan un proyecto para habilitar las apuestas online a casinos

El proyecto apunta a regular las apuestas digitales y combatir la oferta ilegal

Una moción parlamentaria identificada con el Boletín N.º 18.781-06 propone incorporar nuevas disposiciones a la legislación chilena para habilitar la explotación de juegos de azar y apuestas en línea por parte de entidades que ya cuentan con autorización legal.

Los autores de la iniciativa advierten que las plataformas ilegales operan sin controles adecuados de identidad y edad, lo que facilita el acceso de menores. Además, señalan que estos sitios no están sujetos a mecanismos de fiscalización sobre el funcionamiento de los juegos, el pago de premios ni el reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

También cuestionan que estas empresas realicen publicidad masiva, incluso mediante patrocinios deportivos, sin cumplir con las obligaciones tributarias que deben afrontar los casinos autorizados.

Según los parlamentarios, esta situación genera una competencia desigual entre los operadores regulados y las plataformas que ofrecen servicios similares al margen de la legislación.

Los casinos buscan nuevas fuentes de ingresos

Otro de los argumentos centrales de la propuesta es la situación económica que atraviesan los casinos regionales, cuya actividad representa una fuente de empleo, turismo e ingresos para las municipalidades y los gobiernos regionales.

Actualmente, Chile cuenta con 25 casinos: 22 autorizados bajo la Ley N.º 19.995 y tres que funcionan mediante concesiones municipales. Entre las ciudades históricamente vinculadas con esta actividad se encuentran Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Casinos de Juego citadas en la moción, al cierre de junio de 2026 los establecimientos regulados habían generado impuestos por $95.425 millones. De ese total, $41.695 millones correspondían al impuesto específico al juego, cuya recaudación se distribuye en partes iguales entre las municipalidades y los gobiernos regionales donde operan los casinos.

Sin embargo, los ingresos tributarios del sector registraron una caída real del 8,87% respecto del mismo período del año anterior. Además, varias empresas enfrentan dificultades financieras, con procedimientos de reorganización y solicitudes de liquidación.

Los legisladores advierten que el cierre de estos establecimientos tendría consecuencias sobre el empleo y otras actividades vinculadas con el turismo, como hoteles, restaurantes y centros de convenciones, además de reducir los recursos disponibles para las administraciones locales.

Una plataforma digital por cada casino autorizado

La iniciativa incorpora un nuevo artículo 5° bis a la Ley N.º 19.995, que permitiría a los casinos ofrecer por internet los mismos juegos que tienen autorizados en sus establecimientos físicos.

La habilitación digital estaría directamente vinculada al permiso de operación del casino. Por lo tanto, si la autorización del establecimiento físico se extingue, también finalizaría su permiso para operar en línea.

Cada empresa podría utilizar una única plataforma digital, identificada con una marca y un dominio terminado en ".cl", previamente informados a la Superintendencia de Casinos de Juego.

La explotación de las apuestas deberá permanecer bajo responsabilidad directa del titular de la licencia, aunque podrá contratar proveedores tecnológicos externos para desarrollar o mantener los sistemas. Estos terceros no podrán asumir la explotación comercial de los juegos.

Además, los sistemas informáticos y los mecanismos utilizados para determinar los resultados deberán cumplir con las exigencias técnicas establecidas por la autoridad reguladora.

Controles de identidad, medios de pago y juego responsable

El proyecto establece una serie de requisitos destinados a proteger a los usuarios y prevenir el acceso de menores de edad.

Solo podrán participar personas mayores de 18 años, que deberán contar con una cuenta personal e intransferible. Para registrarse será obligatorio verificar la identidad y la edad de cada jugador, y no se permitirá mantener más de una cuenta por operador.

En cuanto a los movimientos de dinero, los depósitos y retiros deberán realizarse mediante cuentas bancarias u otros instrumentos de pago pertenecientes al propio usuario y emitidos por entidades supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La propuesta también prohíbe utilizar efectivo, medios de pago que impidan identificar a sus titulares y créditos para financiar las apuestas. Los participantes únicamente podrán jugar con el dinero disponible en sus cuentas.

En materia de juego responsable, las plataformas deberán ofrecer herramientas para establecer límites de depósitos, pérdidas y tiempo de participación, además de mecanismos de autoexclusión temporal o indefinida.

La reducción de los límites y las solicitudes de autoexclusión tendrán aplicación inmediata. En cambio, los pedidos para aumentar los límites solo podrán hacerse efectivos después de un período de siete días.

Restricciones a la publicidad y nuevas obligaciones de fiscalización

La iniciativa también incorpora restricciones a la publicidad de apuestas. Se prohibirá dirigir anuncios a menores de edad o difundirlos en programas, medios y eventos destinados principalmente a ese público.

Asimismo, las empresas no podrán presentar el juego como una alternativa para generar ingresos o resolver dificultades económicas. Toda comunicación comercial deberá incluir mensajes vinculados con el juego responsable.

Los operadores tendrán que mantener registros completos y actualizados en tiempo real de las cuentas, apuestas, premios, depósitos y retiros. Esta información deberá estar disponible para las tareas de fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego y las operaciones tendrán que registrarse de manera separada en la contabilidad de cada empresa.

Los casinos únicamente podrán comenzar a ofrecer apuestas digitales después de que la autoridad certifique el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios.

Penas de hasta cinco años para las apuestas online ilegales

Uno de los aspectos más relevantes de la moción es la incorporación de sanciones penales para quienes exploten juegos de azar o apuestas por internet sin contar con autorización legal.

El proyecto propone penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, equivalentes a 541 días y hasta cinco años de prisión, además de multas de entre 100 y 1.000 UTM.

Las sanciones alcanzarían a las plataformas que admitan jugadores residentes en Chile, acepten medios de pago emitidos en el país o difundan publicidad dirigida al público chileno.

Por otra parte, quienes realicen o distribuyan publicidad de apuestas ilegales podrían recibir multas de entre 50 y 500 UTM.

La propuesta también contempla facultar a los tribunales para ordenar el bloqueo de sitios web, dominios y aplicaciones utilizados para desarrollar estas actividades, así como suspender las transacciones destinadas a dichas plataformas. Las medidas podrían extenderse a sitios alternativos que reproduzcan los mismos contenidos.

Polla Chilena, Lotería de Concepción e hipódromos también podrán operar online

La iniciativa no se limita a los casinos. También contempla modificaciones legales para permitir que otras entidades autorizadas comercialicen sus productos y servicios mediante canales digitales.

En el caso de Polla Chilena de Beneficencia, se propone modificar la Ley N.º 18.851 para habilitar la venta por internet de sus sorteos de lotería, pronósticos deportivos y apuestas actualmente autorizadas.

La moción también plantea modificar la Ley N.º 18.568 para que Lotería de Concepción pueda realizar y comercializar sus sorteos en línea.

Por su parte, los hipódromos oficiales podrían recibir apuestas mutuas hípicas mediante sistemas electrónicos, a partir de una modificación del Decreto Ley N.º 2.437 de 1978.

Estas entidades deberán cumplir con las exigencias de identificación de usuarios, medios de pago, publicidad y juego responsable. Sin embargo, la autorización no les permitirá ofrecer otros juegos de azar reservados a los casinos regulados.

El impacto en las instituciones de beneficencia

Los parlamentarios también destacan las consecuencias que las apuestas ilegales pueden tener sobre los recursos destinados a organizaciones de beneficencia.

Polla Chilena de Beneficencia realiza aportes a instituciones como los Cuerpos de Bomberos de Chile, la Cruz Roja Chilena y organizaciones que trabajan con niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

Por su parte, Lotería de Concepción contribuye al financiamiento de la Universidad de Concepción.

En ese sentido, los autores consideran que habilitar la comercialización digital de los juegos de estas entidades podría incrementar sus ingresos y fortalecer los aportes económicos destinados a sus beneficiarios.

La propuesta toma como referencia modelos internacionales

La moción parlamentaria menciona las experiencias de España, Colombia, Perú y algunas provincias de Argentina, donde las apuestas digitales funcionan bajo esquemas de autorización y supervisión estatal.

Sin embargo, a diferencia de otras iniciativas regulatorias, el proyecto no propone crear nuevas licencias ni organismos de control. Su objetivo es aprovechar las autorizaciones existentes y las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Desde el punto de vista constitucional, los autores sostienen que la iniciativa no invade las atribuciones exclusivas del Presidente de la República, dado que no crea ni modifica impuestos, no establece nuevos servicios públicos ni amplía las actividades empresariales del Estado.

No obstante, reconocen que la facultad judicial para ordenar bloqueos de sitios web y suspensiones de pagos podría requerir un pronunciamiento previo de la Corte Suprema, conforme al artículo 77 de la Constitución chilena.

La implementación dependerá de la reglamentación y la certificación

Las disposiciones transitorias establecen que los casinos con permisos vigentes podrán acceder a la modalidad digital una vez publicado el reglamento correspondiente y obtenida la certificación de la Superintendencia de Casinos de Juego.

De esta manera, el proyecto busca incorporar las apuestas por internet al sistema legal chileno mediante los operadores que ya cuentan con autorización, establecer mayores controles sobre las plataformas digitales y aplicar sanciones a quienes desarrollen actividades ilegales.

La iniciativa apunta, además, a generar nuevas oportunidades de ingresos para los casinos regionales y las entidades autorizadas, preservando los aportes económicos que realizan a las comunidades y organizaciones beneficiarias.