La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) lanzó una fuerte advertencia sobre la decisión del Gobierno Nacional de mantener de forma indefinida el impuesto del 19 % sobre los depósitos realizados en plataformas de apuestas en línea. Para el gremio, esta medida distorsiona la base real del negocio digital y amenaza la sostenibilidad del mercado regulado.

Según Fecoljuegos, este impuesto se aplica sobre la totalidad de los depósitos realizados por los usuarios, y no sobre los ingresos netos reales de los operadores o el Gross Gaming Revenue (GGR). En la práctica, el dinero depositado se recircula dentro de la plataforma varias veces —proceso conocido como “turnover”— y solo un pequeño porcentaje, aproximadamente el 6 %, constituye ingreso operativo real. El restante 94 % vuelve a los jugadores en forma de premios.

Por tanto, aplicar un impuesto sobre el monto bruto de los depósitos equivale a gravar varias veces el mismo dinero, lo que puede resultar en una carga tributaria superior al ingreso neto del operador.

Este problema se agudiza ante las expectativas fiscales del Estado, que proyecta recaudar 1,2 billones de pesos al año mediante este esquema. Fecoljuegos cuestiona esta cifra, señalando que se basa en una estimación artificial e irreal. Por ejemplo, de cada $100 depositados, solo $84 pueden apostarse tras deducir las retenciones, y esa suma debe circular múltiples veces para generar un GGR de apenas $30,2. Si se aplica el impuesto sobre el depósito, representa un 53 % del ingreso real, al que se suman otros tributos como los derechos de explotación y cargas parafiscales, elevando la presión fiscal total hasta un 68 %.

Esta estructura, según el gremio, pone en riesgo la viabilidad del mercado formal, incentivando a jugadores y operadores a migrar hacia plataformas ilegales que no pagan impuestos ni ofrecen garantías al consumidor.

Fecoljuegos insta al Gobierno a reformular el esquema tributario, ajustándolo a estándares internacionales y gravando sobre el GGR, como ocurre en otros mercados regulados. Para el gremio, esta es la única vía para proteger la legalidad del sector, garantizar ingresos sostenibles para el Estado y preservar los fondos destinados a la salud pública.